La pandemia desatada en diciembre pasado irrumpió con toda su fuerza en el sistema productivo global, situación que en Argentina tuvo un mayor impacto por una economía que se encontraba en recesión desde 2018 y donde las empresas más afectadas fueron las pequeñas y medianas, 90 por ciento del total, debido a sus dificultades para obtener un financiamiento que les permita enfrentar su paralización o bien la caída del mercado interno. Y es que si la misma UIA, que representa a los mayores conglomerados industriales del país, afirmó que para sus empresas,  “los bancos son como las venas que dejan correr la sangre por el cuerpo”, mucho más decisivos se vuelven en este contexto para las pymes, que no cuentan con espaldas financieras, casas matrices, o avales que suplan sus amplias necesidades financieras en medio de esta inédita etapa económica.

Fue así como el gobierno dispuso la creación de la línea MiPyME, orientada especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, con una tasa máxima anual del 24 por ciento y un período de gracias de tres meses para su pago, y luego los subsidios salariales Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para todo tipo de empresas, desde holdings a micro pymes, que pertenezcan a los rubros no esenciales y hayan paralizado su producción o bien demuestren un magro aumento en la facturación interanual de hasta el 5 por ciento nominal.

De acuerdo a datos de Producción y de Jefatura de Gabinete, este programa, que en un 98 por ciento fue recibidos por pymes de hasta 100 empleados, lleva otorgado entre abril y mayo un monto total acumulado de cerca de 90.000 millones de pesos, que equivalen al 0,3 por ciento del PBI, para que 250.000 empresas puedan abonar el equivalente de hasta dos salarios mínimos (33.750 pesos) de los sueldos totales de los 4 millones y medio de trabajadores que contabilizaron, es decir más del 33 por ciento del empleo privado formal.
MiPyME, el otro escenario

El alto impacto de los ATP contrasta con lo que ocurrió con la línea MiPyME que el gobierno instruyó seguir a los bancos. De hecho, el primer resultado fue decepcionante, pues los bancos se negaban a dar créditos a empresas cuyos balances, luego de dos años de caída económica, eran mayormente negativos, y menos aún con el horizonte de la pandemia. Frente al fuerte reclamo de las entidades pymes, un mes más tarde el gobierno comenzó a otorgar garantías a través del Comité de Administración del Fondo de Garantías Argentino (FoGAr)  constituido por el Ministerio de Desarrollo Productivo, las cuales se podrán utilizar hasta fin de este mes y alcanzaron hasta el momento a cerca de 150.000 pequeñas y medianas empresas, que recibieron 1,6 millones de pesos promedio cada una, totalizando un monto global de crédito bancario de 230.000 millones.

Las pymes no cuentan con espaldas financieras, casas matrices o avales que suplan sus amplias necesidades 

El mismo, de acuerdo a datos proporcionados por las empresas a las entidades bancarias, se utilizó en un 48 para la adquisición de bienes de capital, en otro 23 por ciento para el pago de sueldos, y en un 22 para la cobertura de cheques.  Con todo, el acceso de 150.000 empresas da cuenta que por lo menos un 75 por ciento de las pymes no ha accedido a esta línea, y en efecto son varias las quejas al respecto.

Tres casos de empresas productivas

El caso de Francisco Lurueña, titular de la textil procesadora de hilado Rayvis S.A., que da trabajo a 18 personas entre personal directo e indirecto, es un claro ejemplo. Luego de tres décadas en la que su firma familiar no había tenido un solo cheque rechazado ni deuda alguna, los bancos con los que operaba le cortaron el descubierto en cuenta corriente y le negaron créditos pues, en línea con lo que sucede en su rubro, durante los últimos seis años la empresa estuvo en crisis y los últimos dos balances arrojaron resultados negativos, “en parte porque en ese tiempo pagué más dinero en intereses de los créditos que en sueldos, cambiando valores con tasas del 80 por ciento”, señala Lurueña a este medio.

Si bien también solicitó la garantía Fogar y mantuvo reuniones con funcionarios de Producción, quienes le dijeron que su caso era viable, nada destrabó el asunto y hoy afirma haberse resignado a sostenerse con los ATP y prácticamente solo, con lo cual ya ha levantado 20 cheques que habían sido rechazados por los bancos y solo le quedan 2 con fondos ya disponibles, todos derivados de la venta de sus inmuebles. “Es muy degastante tener que rogar un crédito como si uno hubiese estado en falta, -afirma-, por lo que en el Directorio, compuesto por mi familia, decidimos no vincularnos a este sistema financiero perverso que funciona en Argentina”.

En efecto, según los reclamos recibidos por el Ministerio de Desarrollo Productivo, la falta de respuesta de las entidades bancarias y la exigencia de una carpeta crediticia aprobada antes de la pandemia constituyen el grueso de los reclamos, con un 32 y un 15 por ciento respectivamente, seguidas por los ítem “No ofrecen información (14 por ciento); “Exigen calificación de la totalidad de cuentas en el banco” (11 por ciento),  “Ofrecen préstamos parciales” (3 por ciento) y “Desconocen la garantía FoGAr” (2 por ciento), además de otros motivos (23 por ciento).

Leonardo Romano, cuya firma La Dolce SRL fábrica mediante sus 500 empleados las populares golosinas Mentitas, Billiken, Yummy, La Yapa, y DRF, señala que en su caso también tuvo muchas trabas para obtener la línea del 24 por ciento, aunque el lanzamiento del FoGAr allanó su camino, pues pudo recibir créditos del Nación y del Provincia. Según afirma a BAE Negocios: “En treinta años jamás habíamos pedido un crédito, por lo que no teníamos carpeta. Y los bancos no te califican en una semana, menos en medio de esta pandemia y riesgo empresarial. Pero los que finalmente respondieron fueron los públicos, ya que no recibimos nada de los privados, y esta financiación fue crucial para continuar operando, pues si bien entramos como alimenticia dentro del rubro de esenciales, la caída en la demanda de nuestro tipo de productos ronda el 50 por ciento”.

Son en efecto pocas las pymes que pueden atravesar esta etapa sin asistencia financiera. MEHCCO SA, del rubro eléctrico, es una de estas excepciones, pues si bien evaluó tomar los créditos MiPyme, finalmente decidió prescindir de los mismos. Según señala a BAE Negocios su gerente administrativa Paula Jankowicz, “la empresa siempre se manejó con fondos propios, y si bien frente a esta pandemia, que obligó a frenar el 40 por ciento de nuestras actividades, evaluamos la posibilidad de tomar los créditos al 24 por ciento, decidimos en base a nuestra cultura organizacional dejar ese beneficios para quienes realmente lo necesiten, ya que contábamos con respaldo propio”.

Incluso, luego de usar durante el primer mes el programa ATP, la empresa también decidió renunciar a los mismos para hacerse cargo íntegramente del pago de sus 60 empleados y otros 30 contratados. Pero sin embargo, luego de cinco meses en donde según CAME la producción pyme disminuyó un 23,6 por ciento interanual y acumuló dos años consecutivos de caída, la posibilidad  de que el grueso de las pequeñas o medianas empresas pueda resistir sin crédito, resulta una quimera.

Según señala a BAE Negocios Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) y  titular de una empresa papelera y de servicios para petroleras, en relación a los ATP la entidad está mayormente conforme, aunque plantea que desde un inicio los bancos sostuvieron sus políticas de impedir a las pymes el acceso a créditos, cortando incluso el financiamiento de aquellas que lo tenían con anterioridad, lo cual, tras la implementación del Fogar “llevó a una mayor flexibilidad, pero muy leve, difícil incluso de visiblizar”. Rosato agrega asimismo que “incluso una tasa del 24 por ciento es negativa, pero sigue siendo alta en medio de un situación de estancamiento casi total. Creo que faltaron políticas en relación con los bancos, porque muchas pymes dependen de ellos para su subsistencia, pues incluso aunque busquen desprenderse de sus activos para autofinanciarse, en el mercado actual no lo pueden hacer”.


Así, el panorama exhibe un empresariado que coincide en remarcar el esfuerzo que está haciendo el gobierno con los ATP, aunque afirman que sin el complemento de la línea MiPyME resulta insuficiente para muchas pequeñas y medianas empresas. El abandono que sienten por parte de las entidades bancarias, y el déficit en la gestión pública para operar sobre las mismas, es el principal reclamo en un contexto en el que las necesidades financieras crecen junto con la extensión de la cuarentena.

 “Pyme Plus”, la propuesta para las microempresas

Otro de los inconvenientes para que muchas pymes reciban préstamos, es que nunca habían estado bancarizadas. Es el caso de las microempresas, como también de titulares de sociedades familiares o sociedades regulares sin empleados que no encuadran como empleadores, así como muchos autónomos. Por eso, desde mediados de juni, el Ministerio de Desarrollo Productivo en conjunto con el Banco Central lanzaron la línea de crédito denominada “Línea Pyme Plus”, que cuenta con una masa crediticia de hasta 38.000 millones de pesos con mínimos requisitos y aval del FoGAr, para otorgar créditos al 24 por ciento de hasta 250.000 pesos a las microempresas y hasta 500.000 a las pequeñas. De acuerdo a Producción, se estima que más de 140.000 empresas podrán destrabar sus necesidades financieras por medio de esta línea.