El gobierno nacional ya empieza a trabajar para extender la rebaja de aportes patronales anunciada para el Norte Grande al resto de las provincias.

La semana pasada, el presidente Alberto Fernández les adelantó a los gobernadores de esa región la creación de un régimen especial para la contratación de nuevos empleados, por medio del cual se reducirán las cargas sociales a lo largo de tres años a razón de un 70% en el primero, 45% en el segundo y 20% en el último, porcentaje que se extiende al 80%, 55% y 30% para los casos en que sean mujeres, travestis o trans.

Sin embargo, los celos del resto de los mandatarios, que salieron a reclamar condiciones similares, no tardaron en llegar. Fue así como Mendoza y San Juan ya le solicitaron al Ejecutivo reuniones para comenzar a delinear una posible ampliación del programa a esos distritos.

La alternativa se analizó en una reunión virtual entre el secretario pyme de la Nación, Guillermo Merediz y su par de Industria, Ariel Schale, con el ministro de Economía y Energía mendocino, Enrique Vaquié. Durante el encuentro, los funcionarios bajo la órbita de la cartera de Matías Kulfas plantearon la selección de tres cadenas productivas vinculadas a la industria y la agroindustria, en un esquema de trabajo en conjunto con San Juan.

En ese sentido, Mendoza arrastra un historial de disputa con la Nación por el régimen de promoción industrial que durante 40 años rigió para sus vecinas San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja y que, considera, la perjudicó en la atracción de inversiones. La pelea escaló en la Justicia hasta llegar a la Corte, que falló contra el gobierno central, pero el ex gobernador Julio Cobos acordó en 2006 con Néstor Kirchner no cobrar la suma a cambio de la financiación para construir el proyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento, que recién se licitó en 2020.

“Estamos pensando en un esquema de trabajo abierto a las iniciativas que desde Mendoza nos hagan llegar, identificando un universo de actividades beneficiables a partir de una selección conjunta de las cadenas productivas”, señaló Merediz.

De acuerdo con las fuentes consultadas por BAE Negocios, la intención del Ejecutivo es continuar con este tipo de reuniones en la medida en que sean solicitadas por los gobernadores que quedaron afuera de la medida. Y paulatinamente, poder ir implementando la reducción de aportes patronales a todas las provincias.

La iniciativa que comenzó a regir desde el 24 de marzo mediante el decreto 191/2021 tuvo como puntapié las experiencias en La Rioja y Catamarca. Allí los funcionarios nacionales detectaron los sectores con mayor potencial para crear 1.000 puestos de trabajo y como cumplieron ese objetivo rápidamente, Alberto Fernández se apuró para dar un incentivo a toda la región, con especial énfasis en el rubro textil.

Por lo pronto, Mendoza fue la primera en mostrar su disconformidad mediante una carta enviada a Kulfas, al tiempo que el gobernador Rodolfo Suarez pidió al Asesor de Gobierno, Ricardo Canet, y al Fiscal de Estado, Fernando Simón, de iniciar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una declaración de inconstitucionalidad del decreto.

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