El Congreso Nacional continuará con el tratamiento del aporte solidario que impulsa el Frente de Todos para grabar por única vez a los contribuyentes con un patrimonio superior a los 200 millones de pesos. Se espera que haya dictamen y que el proyecto pase a la Cámara para su votación.

El tratamiento comenzará a las 15 y se estima que se conseguirán las firmas necesarias para ser tratado en sesión de Diputados a pesar de los cambios que se piensan agregar sobre el impacto del gravamen en las personas que posean domicilio en el exterior.

Otra modificación fue la fecha de cierre de las declaraciones juradas que se incluirán en esta ley. El diputado Carlos Heller, principal impulsor de esta medida, confirmó que se incluirán las presentaciones hasta la fecha que se promulgue la ley y no hasta el 31 de diciembre de 2019 como estaba contemplado en un principio.

La tasa que se aplica sobre las grandes fortunas es del 2% y tuvo el rechazo del sector que alcanzará la medida. Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), se quejó de la medida y afirmó que "tener 200 millones de pesos es tener un poco más que el promedio”. 

La Afip presentó un documento esta semana donde adelantó que solo impactará sobre 9200 contribuyentes y se recaudará cerca de 300 mil millones de pesos. Se espera que la mitad de ese número se consiga solo con las 253 personas que tienen bienes personales superiores a los 3 mil millones de pesos.

Los intentos de modificar la ley

Numerosos empresarios se acercaron a Carlos Heller y Máximo Kirchner, presidente del bloque de diputados del Frente de Todos para intentar realizar cambios en el proyecto de ley, según contó hoy el Alejandro Bercovich en BAE Negocios. Las propuestas: desde modificar el gravamen por un aumento en ganancias por única vez hasta acrecentar el monto a pagar por empresarios extranjeros.

El dueño de Macro, Sergio Brito, le presentó a Heller la intención de que el proyecto se convierta en una sobrealícuota del impuesto anual de Ganancias. La cúpula de la UIA también se quiso a presentar cambios y propuso que se redujera el monto a pagar para los empresarios locales y que se aumentara un 0,5% a los extranjeros.

Los sondeos empresariales parece que llegaron hasta la Corte Suprema para testear la posibilidad de la inconstitucionalidad, pero se fueron con una respuesta negativa.