El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó este jueves que alcanzó "un mejor entendimiento con un grupo de acreedores" pero volvió cuestionar la estrategia de negociación de BlackRock, el mayor administrador de fondos de inversión del mundo comandado por Larry Fink. "Le piden a Argentina volver atrás con los estándares legales", planteó y ratificó que el Gobierno no aceptará aplicar los prospectos jurídicos de los títulos 2005 a todos los bonos a reestructurar.

Guzmán volvió a referirse a la negociación de la deuda en un evento internacional destinado a inversores. En este caso se trató del foro internacional sobre mercados emergentes y de frontera organizado por la agencia Bloomberg, donde participó de un panel junto a sus pares de México, Arturo Herrera Gutiérrez; de Perú, María Antonieta Alva Luperdi; y de Filipinas, Carlos Domínguez.

"Todavía queda una distancia en términos económicos y legales", dijo en referencia a las exigencias planteadas por BlackRock y sus aliados en la negociación.

El Ministro se explayó aún más en un punto que había remarcado el martes en una videoconferencia organizada por el Consejo de las Américas: las presiones para retrotraer el marco jurídico de los bonos emitidos bajo ley internacional por la gestión de Mauricio Macri, que incluye cláusulas antibuitres más importantes pautadas en los últimos años a instancias de los organismos internacionales.

"Es difícil reconciliar las diferentes miradas de los bonistas. Hoy estamos en conversaciones con dos grandes grupos de acreedores. Con uno hemos alcanzado entendimientos en varios puntos (en referencia al Comité de Acreedores de Argentina más Fintech y Gramercy), pero con el otro, el grupo Ad Hoc, hay grandes diferencias en términos legales", sostuvo.

En concreto, el grupo Ad Hoc pretende que el marco legal que hoy tienen los bonos emitidos como parte del canje 2005/2010 (los Discount y los Par), que es más beneficio para los tenedores que el actual ya que facilita la posibilidad de litigar, se haga extensivo a todos los títulos que se emitan en la presente reestructuración, es decir, que se aplique también para quienes hoy tienen bonos Globales colocados entre 2016 y 2018, como BlackRock y otros grandes fondos que apostaron a prestarle a Cambiemos antes del estallido de la crisis cambiaria.

Por caso, el contrato 2005 impone un piso de adhesión de entre el 75% y el 85% de los bonistas para activar las cláusulas de acción colectivas (CAC) y forzar a todos los acreedores a entrar al canje sin riesgo de litigios. El contrato 2016 tiene una CAC de entre el 50% y el 66%. 

El Gobierno aceptó conservar esos derechos para los tenedores de Discount y Par pero descartó resignar derechos ya adquiridos en los títulos más recientes.

Guzmán consideró que la exigencias de Ad Hoc implica que el país "vuelva atrás en el tiempo" ya que los contratos de los bonos posteriores a 2016 son los "estándares legales" actuales de las finanzas internacionales auspiciados por el G20 y el FMI. "Argentina respecta la legalidad y seguirá utilizando el lenguaje más moderno con los estándares hoy vigentes". 

"Argentina es miembro del G20 y del FMI, y cumpliremos con el lenguaje contractual que ahora se ha convertido en estándar", agregó.

Más allá de los aspectos jurídicos, los otros dos grandes puntos de debate son el formato del endulzante y la forma de pago de los intereses devengados: en el primer punto, el Gobierno propuso un instrumento de recuperación de valor con un cupón atado a las exportaciones, mientras que los bonistas reclaman un cupón PBI monitoreado por el FMI; en el segundo, el Ejecutivo ofreció pagarlos todos los intereses corridos con un nuevo bonos, mientras que Ad Hoc aceptó capitalizar la mitad pero reclamó cobrar un 50% (unos $1.000 millones) en efectivo al momento de ejecutar el canje.

La diferencia de valor presente neto es de unos USD8 entre la oferta oficial de USD51/52 y la contrapropuesta de Ad Hoc y Exchange, de USD58/60. Más cerca está el Comité de Acreedores de Argentina (ACC por su sigla en inglés), que contraofertó USD54/55.

Con todo, el funcionario aseguró que es un proceso que "lleva tiempo y mucho diálogo" y se mostró esperanzado en "alcanzar finalmente un acuerdo". 

El viernes pasado el Ejecutivo extendió por más de un mes el cierre de la invitación al canje de USD66.200 millones de deuda externa. Así, la negociación podrá continuar hasta el 24 de julio, aunque Guzmán espera cerrar un acuerdo antes de esa fecha con los acreedores. Una vez consensuada, el Gobierno formalizará la oferta oficial ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por su sigla en inglés), que deberá quedar abierta durante al menos diez días.

Poroteo

En una negociación ahora más tensa aunque con marcadas diferencias entre los distintos jugadores de Wall Street, el mercado y el Ejecutivo ajustan el poroteo de posibles adhesiones a un eventual canje parcial, una de las estrategias que podría desplegar Guzmán si apuesta a sostener en el tiempo una pulseada más dura con BlackRock.

Un informe de la consultora financiera Delphos clarificó el panorama. Hay entre un 15% y 18% de los tenedores que ya ingresaron al canje en la primera fecha de cierre, en su mayoría inversores argentinos. El ACC y sus aliados, que están muy cerca de la postura oficial y poseen alrededor de un 7% de los bonos a reestructurar “no generaría ningún inconveniente a la hora de alcanzar un acuerdo”.

Respecto del grupo Exchange, que tiene poder de bloqueo sobre los bonos del canje 2005, el informe distinguió la situación de los tenedores de Par y Discount: “En relación a los primeros, que representan un 19% del stock de deuda a reestructurar, las puntas se encuentran cerca (a menos de USD2 de distancia). Aquí, el problema radica en los discos, donde las puntas se encuentran a más de USD8 de distancia y el peso de estos bonos es del 18% del total”.

Estos son los más peligrosos de dejar afuera en caso de una reestructuración parcial ya que sus contratos incluyen la famosa cláusula pari passu o de tratamiento equitativo, la que utilizaron los fondos buitres en el juicio contra Argentina que les dio por ganado el fallecido juez de neoyorquino Thomas Griesa.

Si el Gobierno lograra cerrar con los tenedores de Par, sumados al ACC y a los ya ingresados, alcanzaría cerca del 45% de los bonos elegibles. Pero Delphos incluye una propuesta para acercar posiciones en los Discount: subir medio punto el interés promedio propuesto del 4,2% al 4,7% y reducir la brecha de US8 a USD4 en estos títulos, un punto medio. Claro que esto implicaría conceder una nueva mejora para los acreedores en tiempos en que cada dólar se hace indispensable para financiar la recuperación de la coronacrisis.

“Suponiendo un esfuerzo por parte del gobierno y alcanzar un acuerdo por los Discount, el porcentaje de acuerdo parcial pasaría a 58-63%. Así, el gobierno tendría más espalda para llevar adelante una negociación más dura con el grupo Ad Hoc”, concluye el informe.

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