La semana pasada, la oposición aprobó con una mayoría de dos tercios una ley que incrementa las jubilaciones en un 8,1% y establece una nueva fórmula de movilidad. El incremento se sumaría al 4% establecido por el IPC para septiembre ya oficializado por el Gobierno.

El proyecto aprobado, que ahora debe ser considerado por el Ejecutivo nacional, establece una actualización mensual basada en el dato más reciente del Índice de Precios al Consumidor (IPC), similar a lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) actualmente en vigor.

Además, se añade una compensación extra o "empalme" del 8,1%, ya que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubrió el 20,6% de inflación registrada en enero. Con este mecanismo, el haber mínimo garantizaría la cobertura de la canasta básica para el adulto mayor.

El presidente Javier Milei generó una nueva disputa con el Congreso al anunciar su intención de vetar por completo la ley de movilidad jubilatoria. Esta decisión, que eliminaría tanto la recomposición del 8,1% como los aumentos por inflación.

El veto presidencial, que puede ser total o parcial, devuelve la iniciativa al Poder Legislativo. En este caso, el Congreso tendría la posibilidad de insistir en la sanción original de la ley. Sin embargo, para superar el veto presidencial se requeriría una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras, lo que representa un desafío considerable.

• La Secretaría Legal y Técnica, a cargo de Javier Herrera Bravo, será la encargada de redactar el decreto de veto. Es importante recordar que el Presidente cuenta con un plazo de diez días hábiles para tomar esta decisión, tras lo cual la ley se consideraría automáticamente promulgada.