El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, desestimó un problema inflacionario por la avalancha emisiva para sostener la crisis social que generó la pandemia de coronavirus, aunque destacó el “equilibrio” aplicado por el Gobierno para atender la urgencia alimentaria en el medio de un país con “problemas fiscales y un problema de endeudamiento que hoy está buscando resolver”.

En ese contexto, planteó un plan que incluye una renta universal, una combinación de planes sociales y trabajo genuino, y la urbanización de barrios populares. “Hoy la política social es 90% asistencia alimentaria y 10% trabajo. Aspiro a que fin de año sea 50/50 y que el año que viene ya empiece a tener más preponderancia el trabajo”, sostuvo.

A continuación, la entrevista exclusiva que le realizó BAE Negocios luego de una recorrida a una planta de reciclados.

La pandemia multiplicó la asistencia social, ¿tiene una estrategia de reconstrucción más allá de los planes?
—La política social de la pospandemia la trazamos en tres pilares: la promoción del trabajo, un ingreso base para mucha gente que se queda sin entradas, y la urbanización de los 4.000 barrios populares. Buscamos en los tres aspectos articular derechos y movimiento económico. El plan Potenciar Trabajo es el primero, ya que partimos de la base de que hay cinco sectores productivos de mano de obra intensiva, viéndolo desde abajo, en el 40% del sector informal. La construcción en términos de veredas, vivienda e infraestructura básica; la producción de alimentos, huertas, granjas, panaderías; el textil, mucha gente que hoy fue al tema de barbijos y camisolines, pero que puede reconstruir la actividad; la economía del cuidado de personas, porque va a crecer mucho la demanda ya que va a cambiar el mundo de los geriátricos, de los hogares, y el reciclado que vimos acá (Planta de Recicladores Urbanos del Oeste).

¿Cómo se combina la ayuda social con el trabajo genuino?
—Armamos un sistema en donde las personas que tienen planes sociales, que cobran la mitad de un salario mínimo vital y móvil, trabajan cuatro horas, y si contraprestan más tiempo, les complementa el salario quien los contrate, sea del sector público o del sector privado. También armamos un sistema de crédito no bancario a tasa del 3% anual para máquinas y herramientas; unidades de gestión en las provincias y en los municipios para transferir fondos para comprar máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital, y la posibilidad de que aquél que tiene factura como monotributo social pueda estar exento durante 24 meses. Significan $20.000 millones y tendemos a crear 300.000 puestos de trabajo en los próximos meses.

¿Piensa en un ingreso base universal?
—Hoy tenés 9 millones de personas que reciben el IFE, 580.000 personas que reciben planes sociales y 4 millones de chicos cuyos padres cobran AUH. Hay que rearmar un esquema de ingreso base, el modelo es la Renta Básica Universal. Iremos por etapas. En todo ese esquema hay 3 millones de personas que tienen serios problemas de ingresos porque les bajó cero el ingreso o les bajó mucho, como el jardinero que tenía diez casas y pasó a tener cinco; una persona de empleo doméstico perdió horas y le va a ser difícil recuperarlo.

Y la tercera pata, ¿en qué consiste?
—Vamos por la urbanización de los 4.000 barrios populares en donde viven 4 millones de personas, con situación de hacinamiento y falta de infraestructura básica. Urbanización es derecho a la vivienda, al asfalto, al espacio público y un gran plan de empleo. El derecho base es el derecho al ingreso y un movimiento económico del consumo. Estamos combinando las dos cosas. Esa es la estrategia de salida que ya la estamos poniendo en marcha en muchos lugares.

Cuando asumió enfrentaba una pobreza en pleno ascenso y ahora con la pandemia el escenario es peor, ¿cómo se financia la salida de la crisis?
—Está claro que Argentina tiene problemas fiscales y que tiene un problema de endeudamiento que hoy está buscando resolver. Para mí, primero está el concepto y después la política pública. Y en la política pública no es primero ver la condición fiscal y después ver qué hacemos sino al revés, qué tenemos que hacer y en función de eso ir por esta pata. Hay una voluntad política del presidente Alberto Fernández de empezar por los últimos. Ejecuté al 30 de junio el 120% del presupuesto que tenía para todo el año, que está desactualizado porque es del 2019. El 18 de diciembre pusimos en marcha la tarjeta alimentaria, con nuestra primera política “Argentina contra el hambre” en la ciudad de Concordia, que tiene los índices más altos de pobreza del país.
Veo que, en este contexto, lo fiscal va a definir etapas y momentos de cómo encarar estas tres políticas, pero hay una decisión clara de hacerlas. De hecho, hay casi 3 puntos del PBI en apoyo y asistencia de parte del Estado, que es mucho en un país que tiene tantos problemas fiscales.

¿Teme que la emisión para contener la crisis termine siendo un problema para la inflación?
—La pandemia quitó los debates abstractos. Estado, mercado, emisión. Debates que tienen un sentido, pero que se habían transformado en muy abstractos. En términos prácticos, el mundo fue hacia una intervención del Estado. Francia le está poniendo €1.200 a cada francés; Estados Unidos, con Trump que iba hacia una idea muy distinta, terminó poniéndole USD1.200 a cada estadounidense. En la práctica, el Estado ha tenido un rol clave, y la emisión se ha desarrollado y el déficit fiscal ha crecido en todos los países. Hoy no existe ese riesgo, aunque por supuesto no es ilimitado. En un contexto tan complejo de caída económica, de baja de consumo y de tantas dificultades, está claro que el rol del Estado como dinamizador es lo que hay encarar.

¿Dice que la pandemia construyó nuevas teorías?
—Hay que construir nuevas ideas. En el debate sobre Estado-mercado o emisión-no emisión, que se había transformado en abstracto y casi ideológico sin datos, hoy los datos demuestran que sólo con un Estado activo se empieza a reconstruir. No veo riesgos inflacionarios en el corto plazo, aunque hay que tener una racionalidad y un equilibrio, que es lo que estamos haciendo.

Para transformar los planes en puestos de trabajo, ¿qué rol jugará el diálogo entre el Estado, las empresas, los sindicatos y las organizaciones sociales?
—Las personas bajo planes sociales viven tres realidades. Hay un tercio que naturalmente accederá al trabajo si se activa la economía porque es un tema de mercado, no de habilidades o de conocimientos. Hay un segundo al que le hace falta capacitación, una red de tutores que acompañen y una preparación, y que si la economía vuela no podrán ingresar al mercado sin capacitación. Y el tercio restante está más complicado aún, sin secundaria completa, con problemas de salud.

¿Y usted apunta a reactivar de la mano de cinco sectores productivos?
—No son los únicos, pero son los ‘mano de obra intensiva’. Veo las cosas desde abajo, no estoy hablando de la macro sino de la micro de los sectores más pobres. Y la articulación se hace con el diálogo permanente. Lo que hablo con los sectores empresarios y con los sindicatos es que, si una persona cobra un salario mínimo y la contrata un municipio para hacer cloacas, veredas, y trabaja ocho horas, ese Estado tiene que completarle el ingreso. Lo mismo que si lo contrata una obra social o una prepaga para cuidar a una persona. El Estado nacional le paga una base y se completa con la otra parte.

¿Habrá rebote pospandemia?
—Veo en esos sectores una dinámica de demanda de trabajo fuerte en los próximos tiempos porque va a haber rebote, va a haber crecimiento económico, y hay un rol clave del sector privado porque no todo puede ser del Estado. Para que mejore la situación tiene que haber crecimiento económico, desarrollo del sector privado e inversiones. A eso hay que agregarle un Estado muy presente y ese equilibrio es el que estamos llevando adelante, en un contexto con tanta dificultad y de tanta gente que ha perdido ingresos y la pasa mal.

¿Habrá algún momento sin emergencia alimentaria en lo que resta del mandato?
—Hoy la política social es 90% asistencia alimentaria y 10% trabajo. Aspiro a que fin de año sea 50/50 y que el año que viene ya empiece a tener más preponderancia el trabajo. Me refiero al apoyo con máquinas y herramientas de trabajo. Claramente hemos girado toda la emergencia alimentaria porque antes de la pandemia nosotros teníamos $5.000 millones por mes y pasamos a $14.000 millones. Giramos la política social con distintos mecanismos a atender la emergencia alimentaria y aspiro de que a fin de año se equilibre con mecanismos de trabajo. Lo que hicimos acá (en la Cooperativa de Recicladores Urbanos del Oeste) refleja los aspectos de la política social, que es acompañar la experiencia del reciclado, que es poner en marcha la actividad productiva, y proveer a los comedores con asistencia alimentaria. En ese equilibrio tiene que ir tomando cada vez más protagonismo la línea de trabajo que la de reconstrucción.

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Ariel Maciel

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