Las medidas anunciadas desarticulan la actual fórmula de actualización jubilatoria y le otorgan un plazo de 180 días al Ejecutivo para presentar una nueva. En el interín, lo faculta a dar aumentos trimestrales discrecionales. Es decir: deja la incógnita de qué ocurrirá en las actualizaciones de marzo y junio.

La medida fue leída por algunos como un potencial ajuste fiscal regresivo; una señal para negociar con los acreedores. Otros, como el economista de la Undav, Sergio Chouza, sostienen que los incrementos de diciembre, que con el bono de $5.000 estará por encima de lo que correspondía por la fórmula, demuestran la intención de una mejora.

El economista jefe de Elypsis, Martín Kalos, señaló: "Dejó cierta ambigüedad y eso puede ser un gesto para los acreedores de que se puede negociar. Lo cierto es que las jubilaciones iban a caer en marzo con la fórmula actual y a empatar en junio".