Los empresarios que mantienen sus fábricas abiertas a la espera de la reactivación productiva respaldaron las medidas de emergencia que tomó el Gobierno de Alberto Fernández aún cuando no esconden el malestar por la restitución de la doble indemnización en caso de despidos. Pero mientras esperan novedades positivas que ayuden a reactivar las fábricas, piden extremar los controles a la importación, que hace estrago en un mercado reducido.

Sucede que ante la caída del mercado por la contracción de los ingresos -que se redujeron fuertemente durante la gestión Cambiemos-, existe una fuerte preocupación porque la inyección que el Gobierno actual proponga para los salarios, jubilaciones y AUH se desvié hacia los productos importados. Algo similar a lo que sucedió con los planes para comprar OKm, que traccionó la venta de modelos fabricados en otros países.

Por caso, en el inicio de la temporada de verano se estima que se comercialicen más de dos millones de anteojos de sol importados y sin controles aduaneros. De hecho, existe una alerta por la desactivación de la única norma de ANMAT que identificaba a los fabricantes, controlaba las inscripciones de empresas y productos, y permitía un piso de calidad.

La normativa suplió recién el 9 de diciembre, un día antes del fin de la presidencia de Mauricio Macri, la suspensión de la ley que penaba judicialmente la venta ilegal. Ambas medidas están siendo analizadas por la Secretaría de Comercio actual aunque se desconoce cuál será la definición.

El pedido de los industriales no apunta al cierre de las importaciones sino a un mejoramiento de la competitividad. Lo que buscan es que los productos que lleguen desde otro país a precios de dumping "paguen un impuesto que los iguale con la producción local, que destina una gran parte de sus costos a costear la presión impositiva", afirmó un empresario industrial consultado por BAE Negocios.

En ese caso, el representante de CGERA y presidente de la Cámara de Ópticos, Norberto Fermani, propone un pago a cuenta de cargas sociales de los trabajadores, que el importador podrá descargar si es que genera alguna producción local (ver columna de opinión).

Más allá de las cuestiones sectoriales, los industriales conocieron de boca del Gobierno que las medidas de urgencia son las que se tomarán hasta que se firme el nuevo acuerdo de pagos con los acreedores externos, entre ellos el FMI. Lo que esperan es el diseño de una batería de instrumentos destinados a favorecer a la producción y no sólo a frenar la crisis.

Saben que corren con desventaja por la inercia inflacionaria y los altos costos locales para producir, pero consideran que lo mejor será ganar productividad por volumen, a partir de mayores ventas gracias a la inyección de dinero que el Gobierno quiero sobre la gente. "Entendemos y ponemos el hombro todo lo que podamos, pero si se recupera la capacidad de consumo y se va para afuera a través de los productos de importación, entonces habrá empresarios más pobres, fábricas a medio funcionar y un plan que habrá sido pan para hoy y hambre para mañana", razonó otro dirigente industrial que evitó ser considerado como un crítico.

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Ariel Maciel

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