En el marco de la cuarentena por el coronavirus, algunas de las medidas que implementó el Gobierno para aliviar el bolsillo tienen que ver con los alquileres: entre otras cosas, se estableció que todos los contratos vigentes al inicio del aislamiento deberán mantenerse hasta fines de septiembre, así como la posibilidad de pagar por transferencia bancaria y abonar montos adeudados en cuotas.

Sin embargo, la gran mayoría de las consultas que realizan los inquilinos tienen que ver con diversos incumplimientos de las medidas, establecidas a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 320/20, y también por las dificultades a la hora de pagar el alquiler por problemas económicos relacionados con la pandemia.

Según el Programa de Atención a Inquilinos, "ha cambiado radicalmente el perfil" de las consultas que reciben. "Prácticamente la mitad están vinculadas a dificultades de pago -o directamente a la imposibilidad de cumplir con el alquiler por falta de trabajo-, y al incumplimiento del decreto federal que protege el acceso a la vivienda durante la emergencia sanitaria", indicaron en un informe, en base a 620 consultas.

"El 25% de las consultas tiene que ver con inquilinos que terminan su contrato y en vez de continuar en prórroga por 180 días, se les está exigiendo firmar un nuevo contrato, con aumentos entre el 50 y el 100%", alertaron desde el organismo. El DNU indica que todos los alquileres "cuyo vencimiento haya operado desde el 20 de marzo próximo pasado" deben extenderse hasta el 30 de septiembre de este año.

Incluso, "en algunos casos, utilizan el decreto para proponerle al inquilino que este aumento lo pague después del primero de octubre", o también "le ofrecen seis meses de contrato (que es la prórroga que por derecho puede tomar el inquilino) con un aumento superior al 30% y luego 'volver a conversar'", denunciaron.

"No sólo transgreden el decreto federal vigente sino también el mínimo de dos años de contrato de alquiler de vivienda establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación", cuestionaron desde el programa.

Por otra parte, revelaron que un 20% de las consultas "tiene que ver directamente con dificultades para pagar el alquiler", por ejemplo, "inquilinos que pidieron préstamo para pagar abril, otros que hicieron pagos parciales, perdió el trabajo y no puede seguir pagando, le pide a la inmobiliaria terminar el contrato porque tuvo una caída del 50% en los ingresos", entre otras cosas.

La medida de emergencia que implementó el Gobierno por la cuarentena establece que aquellas deudas por falta de pago del alquiler, generadas entre el 29 de marzo pasado y el 30 de septiembre, así como los pagos retrasados o parciales, "deberán abonarse en, al menos, tres cuotas y como máximo seis".

Estas cuotas deberán ser "mensuales, iguales y consecutivas, con vencimiento, la primera de ellas, en la misma fecha del vencimiento del canon locativo que contractualmente correspondiere al mes de octubre del corriente año".

En tanto, el Programa de Atención a Inquilinos también advirtió que un 14% de las consultas que recibieron tuvieron que ver con la negativa por parte de los locatarios a bancarizar el alquiler. Algunos llegaron a pedir "hasta 21% de recargo por informar la cuenta bancaria, o la no devolución del depósito de garantía luego de dos meses de reclamo".

Según el DNU del Gobierno nacional, los propietarios o inmobiliarias estaban obligados a informar a sus inquilinos los datos para poder realizar la transferencia bancaria o depósitoss por cajero automático en un plazo no superior a los 20 días a partir del 29 de marzo.

Un 12% fueron problemas por el deterioro de los inmuebles: arreglos, humedad, luz de obra, corte de gas, y el resto se relacionó con autorización para mudanza, consultas por imposibilidad de pago en locación comercial o profesional sin actividad económica, valor de las expensas y amenazas de desalojo por falta de pago en pensiones, hoteles y residencias estudiantiles.

El decreto completo de alquileres: