El vicepresidente de Unión Industrial Argentina ( UIA), y titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, aseguró que "tiene que haber una moratoria" para poder avanzar hacia una "presión tributaria abordable".

"El proyecto de moratoria reconoce que venimos de una recesión profunda de los últimos dos años, con tasas de endeudamiento, que desde el punto de vista financiero resulta muy difícil de acceso al crédito, y muy altas, lo que hizo que Afip fuera el financiador de última instancia", señaló el representante de la UIA en diálogo con El Destape radio. 

Al analizar los alcances de la nueva reglamentación impulsada por la Casa Rosada y que este lunes tuvo dictamen en la cámara de Diputados, Funes de Rioja indicó que en materia tributaria "el Estado tiene que revisar más de 160 impuestos", con especial énfasis en la industria de alimentos que "asciende al 40%, y en bebidas al 50%", lo que deja "una presión altísima e incluso comparada con los países desarrollados".

"Tenemos que llegar a una presión tributaria que sea abordable por todos y no deje a la mitad del país en la economía informal y cerca del 30% con dividendos", instó.

En este sentido, negó la existencia de beneficios externos para las empresas de esta industria por una "concentración de firmas".

"Tenemos 14.500 empresas de alimentación, de las cuáles  el 95% son pymes, mientras que las grandes compiten como lo hacen en el resto del mundo. La industria es muy competitiva y por eso llegamos a exportar hasta USD 11 mil millones en 2011", detalló Funes de Rioja.

El presidente de la Copal también se mostró distante en la creación del "Impuesto a las riquezas", ya que según estimó, se iría hacia una política tributaria "no racional". "Se tienen que generar más incentivos para que los argentinos inviertan, y es el sector privado el que será el protagonista de la recuperación", enfatizó. 

Prórroga de la prohibición de despidos y suspensiones

Sobre la nueva extensión de inhabilitación para que las empresas desvinculen a sus empleados sin justa causa, fuerza mayor o disminución de demanda, Funes de Rioja rechazó el nuevo decreto y aseguró que Argentina "debe ir a un seguro de desempleo".

"En los últimos 20 años, los países adoptaron el seguro de desempleo como un modo de protección frente a los vaivenes del mercado y no mediante este tipo de salidas que, en este marco de pandemia, suspendió las actividades junto con el despido, lo que sólo deja emerger la informalidad y a pesar de esta medida, en estos meses se perdieron 120 mil puesto de trabajo", subrayó.

Además, vaticinó que "la salida es pensar en futuro y tener una visión, en donde los nuevos contratos garanticen un seguro de desempleo que se financie con cotizaciones por parte de los trabajadores y empleador".