Los industriales comparten con las autoridades nacionales la preocupación de un intento de "jaque" al plan fabril que diseñó el Gobierno con el guiño de la UIA, que tiene como pilar el cuidado de la cadena de la producción local gracias a la multiplicación de controles para el ingreso de productos del extranjero a precios de dumping o con condiciones de beneficios que elimine la competitividad con la fabricación argentina.

Ayer la cúpula de la UIA analizó con "preocupación" la medida cautelar que el Juzgado Contencioso y Administrativo N°7 dictaminó en favor de una empresa textil. Pero los industriales quitaron del medio el caso puntual de Berseker Shipping, que logró gracias a la Justicia saltear el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) y acceder al MULC para pagar con dólares la operación. Se multiplicó el temor de que se cree un canal alternativo para ingresar productos terminados.

"El caso actual, es como un botón que no sirve de muestra para decir que es una tendencia. Pero hay que estar atentos a que no se generalice. Y se investigue a la persona jurídica y sus representantes, porque muchas veces si nos remontamos al pasado, aparecían detrás de estas cautelares a representantes legales que eran personas indocumentadas y que no podían justificar el origen de los fondos para realizar las importaciones", alertó Jorge Sorabilla, integrante de la mesa de conducción de la UIA y vicepresidente de la Fundación textil ProTejer, en diálogo con BAE Negocios.

Sucede que los industriales sospechan que ese tipo de acciones judiciales están rodeadas de una fuerte sospecha de estar "enmarañadas", lo que causó una fuerte preocupación al Gobierno y al sector productivo, porque "perforan las medidas de política pública q tratan de evitar un daño en el entramado productivo".

La aplicación de barreras comerciales se reforzaron ante un contexto mundial en donde el comercio exterior busca mercados para colocar mercadería excedente de los países productores ante la retracción del consumo por lo que se instauró como una forma de defensa. Aunque los empresarios creen que el intento de apertura desde fallos judiciales "también dificulta una política económica de valorización productiva, como pretendería llevar el actual Gobierno nacional, para poder progresar productivamente".

"Rompe las reglas de política pública que todos debemos respetar; destruye empleo productivo porque se importa productos industriales que sustituyen a la producción nacional; restan divisas a quienes las necesitan para importar materias primas o insumos que no se producen localmente; eluden controles aduaneros; y generan una competencia desleal dada la oferta de bienes a valores irrisorios", alertó Sorabilla

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Ariel Maciel

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