El Gobierno decidió la intervención y expropiación de Vicentin, empresa líder en el principal rubro exportador de la economía local y, por ende, el principal generador de divisas. En los últimos años, la empresa mostró un desempeño económico particular, con una suba de su facturación desde USD3.535 millones en 2017 hasta USD4.200 millones en 2019. A la par, su deuda trepó hasta los $99.345 millones (USD1.400 M) y cayó en cesación de pagos. De ellos, $18.182 millones son con el Banco Nación, lo que pone en peligro el patrimonio neto de la entidad financiera oficial.

Más allá de cualquier juicio acerca de la decisión estatal, la intervención y expropiación de Vicentin busca en primer lugar mantener la propiedad y la decisión nacional de una empresa líder en el principal rubro exportador, y por ende principal generador de divisas de la economía local, un sector estratégico. En segundo lugar, pretende garantizar la continuidad del empleo para las empresas que forman parte del grupo, un total de 1.200 empleos directos a los que se suman los de sus 2.600 empresas proveedoras. En tercer lugar, intenta salvar el patrimonio neto de su principal acreedor, el Banco Nación.

El informe técnico del decreto de intervención publicado por el Gobierno dejó entrever que el "estrés financiero" en el que cayó la empresa no se condice con su desempeño en términos de facturación y participación en los diferentes mercados productivos. Señaló en ese sentido: "Entre 2017 y 2019, la participación de Vicentin SAIC en todos los rubros: +18 % en la molienda de soja, +21 % en la molienda de girasol, +69 % en la exportación de granos, +4 % en la producción de biodiesel, +25 % en la producción de bioetanol".

Y agregó: "Si tomamos los últimos 14 años, solo en el 2013 exhibe una ligera retracción de sus ventas. A la vez la empresa es parte de una red corporativa que incluye 16 firmas en el país, y empresas en el exterior en Uruguay, Paraguay, Brasil y España. Ninguno de los números disponibles justifica la repentina crisis financiera de Vicentin. La compleja trama societaria, la existencia de empresas controladas en el extranjero, la naturaleza rentística que denota el comportamiento de la empresa a través de la información contenida en sus balances, obliga a desplazar el argumento empresario que vincula la crisis de la firma con lo que denominan estrés financiero. Por si esto fuera poco, los juicios de la AFIP contra la empresa se asientan en dudas que apuntan a una sobre estimación de costos y a la alteración de la base sobre la que deben calcularse los derechos de exportación. Dicho de otro modo, la AFIP supone que la empresa incurrió en el delito de sub-declarar exportaciones".

Una de las claves para comprender la decisión oficial reside en el carácter estratégico que tiene una empresa líder dentro del principal rubro exportador, lo que remite al debate acerca de los salvatajes que están ocurriendo, en el contexto de la pandemia, en los diferentes sectores estratégicos de distintos países. En el caso local, se trata por ejemplo de la necesidad de que una empresa extranjera no pueda vetar políticas desfavorables mediante la retención de cosechas.

En ese sentido, el informe destacó: "Teniendo en cuenta que frente a un escenario de quiebra de la empresa o de dilación de los procesos judiciales, habría grandes posibilidades de que el volumen agroexportador de Vicentin S.A.I.C. (10 millones de tn - 9% del total de la oferta exportable) pase a manos de sus competidores y consecuentemente el mercado se concentre aún más en los mismos actores transnacionales, que continuarán especulando con la liquidación de divisas expoliando nuestros recursos y transfiriendo sus rentas al exterior y a países no cooperantes con baja o nula tributación, es que resulta imperioso tomar medidas tendientes a evitar la situación planteada".

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Mariano Cuparo Ortiz

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