Pese a la fortísima aceleración en la emisión monetaria que viene ocurriendo desde noviembre, la inflación desaceleró con fuerza en abril y fue de 1,5%. Se trató del registro más bajo desde el 1,4% de noviembre del 2017. La recesión económica y los controles y congelamientos de precios por parte del Gobierno pesaron más que la extraordinaria inyección de pesos y son las causas que lideran las explicaciones acerca de la calma nominal.

Con todo eso sobre la mesa, la dinámica de abril dejó poco margen para celebrar por una potencial desinflación. Al durísimo escenario recesivo como explicación se le sumó que, por la cuarentena, 1/4 de los precios no estuvieran disponibles durante abril.

Su virtual inexistencia obligó al Indec a resolver el cálculo con una estimación, en base a la metodología redactada previamente y a las recomendaciones internacionales. Lo que se hizo fue dar por hecho que esos precios se movieron igual que el promedio del resto de los productos, de forma tal de evitar imputarles una variación nula. Lejos de ser una decisión arbitraria, se operó en línea con los estándares internacionales del FMI, Eurostat y la Cepal.

El director socio de Consultora Ledesma, Gabriel Caamaño Gómez, explicó: "Más de la mitad del índice tiene aclaraciones metodológicas o registró reversiones puntuales producto de la cuarentena. En la otra mitad hay tarifas congeladas y dólar corriendo muy por detrás de la inflación hace ya varios meses. Aún así, Alimentos, que funcionó más o menos normal, se sostuvo por encima de 3%. No se puede hablar de desinflación. Hay que ser muy prudente con el IPC por las cosas que señala el propio Indec. Lo que no significa que el IPC no sirva, al contrario. Pero hay que entender cómo funciona y el contexto en el que se da".

Los alimentos, cuya comercialización funcionó con virtual normalidad durante abril, tuvieron un desempeño dual: por un lado estuvieron bien por encima del promedio y fueron los que motorizaron a la inflación, con una suba de 3,2%; por el otro, también mostraron una desaceleración respecto al 3,9% que habían marcado en marzo. Desde el CEPA lo señalaron como virtud de la política oficial de control y congelamiento de precios: "La pandemia confirmó la necesidad de la intervención del Estado en la economía, particularmente jugando un papel fuerte en la regulación de los precios tanto minoristas como mayoristas. Los evidentes límites a la competencia entre precios determinan que sea el Estado el que fije precios ante la virtual evaporación del mercado en términos funcionales".

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