El impuesto a la renta inesperada, que en realidad es una sobrealícuota de Ganancias del 15%, podría alcanzar a 360 sociedades de diferentes rubros económicos. Según los cálculos preliminares del Gobierno, la recaudación estimada llegaría a los 1.000 millones de dólares que se efectivizaría recién en mayo de 2023, cuando ocurran los vencimientos de este tributo. De acuerdo a las definiciones del Poder Ejecutivo, el carácter distributivo de la medida quedará librado a las provincias y al Tesoro nacional, que dispondrán de estos fondos vía ley de coparticipación. En lo que compete al Estado nacional, el dinero podría utilizarse para financiar obras de infraestructura o destinarse al cumplimiento de las metas de reducción del déficit fiscal acordadas con el FMI.

En el 2021, hubo un universo de 600 sociedades que superaron las rentabilidades netas de 1.000 millones de pesos. De ese total, el Gobierno estima que para este año al menos la mitad de ellas alcanzarían alguno de los dos parámetros fijados en el proyecto de ley que comenzará a tratarse en la Cámara de Diputados: que superen un 10% de ganancia contable en 2022, o un 20% del margen de ganancia operativa en relación al 2021.

La discusión de fondo sobre este proyecto traerá una novedad, al menos desde el punto de vista de la narrativa que venía sosteniendo el Gobierno sobre los formadores de precios y su vinculación con la inflación. Para los técnicos que debatieron durante 50 días la letra chica de esta iniciativa, las empresas que aumentan sus márgenes de ganancias en relación a sus costos es porque “tienen comportamientos inflacionarios”.

Es decir, una vez que quede definido el universo alcanzado, se tendrá información sobre un conjunto de sociedades que incide, potencialmente, sobre los niveles de inflación. Este es un tamaño cambio de percepción frente a lo que se venía sosteniendo hasta la salida de Matías Kulfas, una de las principales espadas contrarias a definir el carácter oligopólico de la inflación. “Por eso algunos países utilizan estos instrumentos para desincentivar la suba de precios”, sostienen desde el Ministerio de Economía.

A diferencia de lo sucedido con el Aporte Solidario, cuya recaudación ya tenía asignada una utilización específica, en este caso se decidió apostar por Ganancias, que es un tributo que se coparticipa entre Nación y las Provincias. Por lo tanto, quedará en cada jurisdicción, federal como Nacional, la utilización de esa recaudación. Desde el Gobierno explican que el sólo hecho de que sean asignados al Presupuesto general, la medida ya podría definirse como “redistributiva”.

En este contexto, Economía está redefiniendo los cálculos presupuestarios para la segunda parte del año, en sintonía con el acuerdo con el Fondo. Según indicaron desde la cartera que conduce Martín Guzmán, todavía restan modificar algunas variables macroeconómicas en función de la guerra entre Rusia y Ucrania, es decir, “una recalibración del flujo de gastos” según explican desde el oficialismo, con el objetivo de cumplir con el objetivo de reducción del déficit pactado con el FMI.

Por lo tanto, cabe la pregunta: ¿los recursos de la renta inesperada se utilizarán para lograr un déficit del 2,5% y cumplir con el Fondo, o servirán para financiar políticas públicas específicas con carácter redistributivo? La respuesta está abierta.

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Sebastián Premici

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