El proyecto de ley de declaración del estado de Emergencia en Discapacidad fue vetado por el Poder Ejecutivo por no especificar las fuentes de financiamiento de los gastos que habilita, además de poner en riesgo “la sostenibilidad integral del régimen” , cuyo deterioro es consecuencia de la aplicación de “prácticas legislativas” de un tenor similar al que sancionó el Congreso el 10 de julio.

La iniciativa vetada en su totalidad mediante el decreto 534/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, fue registrada con el número 27.793 y declaraba la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más, además de realizar una serie de modificaciones de alcance normativo, institucional y presupuestario al sistema de protección de las Personas con Discapacidad.

 

Qué dispuso el proyecto vetado

Entre ellas, dispuso que el monto de la pensión será del 70% del haber mínimo jubilatorio y previó la posibilidad de aumentos adicionales, además de establecer que el otorgamiento de la pensión será compatible con un trabajo formal, siempre que los ingresos no superen el equivalente a 2 salarios mínimos.

También estableció una compensación económica de emergencia a cargo del Tesoro para los prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integra, así como la actualización mensual de sus aranceles.

Por otra parte, extendió a 3 años el período por el cual los empleadores que contraten trabajadores con discapacidad por tiempo indeterminado serán eximidos del pago del 50% de las contribuciones patronales.

 

Veto a la ley de discapacidad: las objeciones del Gobierno

 

El Gobierno reconoció “la sensibilidad que reviste la temática en cuestión”, pero remarcó que “toda ampliación de prestaciones se diseñe con criterios de viabilidad financiera, responsabilidad institucional y sustentabilidad en el tiempo”.

“Cuando tales recaudos no son debidamente considerados, se pone en riesgo la sostenibilidad integral del régimen de atención perjudicando a las personas a quienes se pretende proteger”, aseveró, para añadir que “el profundo estado de deterioro en el que actualmente se encuentra el sistema de atención a personas con discapacidad es, en buena medida, consecuencia de prácticas legislativas como la que aquí se pretende imponer”.

Al no contemplarse las debidas previsiones presupuestarias, adujo que las consecuencias recayeron “sobre los sectores más vulnerables”.

Por otra parte, precisó que según informes de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) cerca de un millón y medio de personas cuentan con Certificado Único de Discapacidad y, con lo dispuesto en el proyecto, podrían ser beneficiarias de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para la Protección Social.

Al respecto, el Gobierno estimó que la creación de ese beneficio “aumentará el gasto en aproximadamente $2.166.985.900.000 para el ejercicio de 2025, lo que equivale a un 0,26% del PBI; y un gasto adicional de $4.706.628.500.000 para 2026, lo que representa un 0,47%”, del producto.

 

Incluir Salud

 

Pero en ese impacto fiscal no se tiene en cuenta “el efecto del aumento de beneficiarios en el ‘Programa Incluir Salud’ que otorga cobertura de atención médica a los titulares de pensiones no contributivas” y por el cual se realizan transferencias automáticas a las provincias en relación con las prestaciones básicas per cápita, así como se financian directamente, a nivel nacional, las prestaciones de alto costo y baja incidencia, medicamentos e insumos, como también las otorgadas a las personas con discapacidad.

Según el Gobierno, esta medida implicaría “un gasto adicional de $574.200 millones para el período de 2025, lo que representa un 0,07% del PBI, y un gasto de $1.239.266 millones para 2026, lo que equivale a un 0,12% del PBI”, aunque las erogaciones podrían “incrementarse considerablemente” si se incorpora al análisis la modificación del universo de beneficiarios del Certificado Único de Discapacidad.

Asimismo, indicó que la compensación económica prevista en el proyecto en función de la evolución de aranceles, transferencias realizada y la evolución de los precios, “sería de $278.323 millones”, equivalentes al 0,03% del producto.

Por último, consideró que la actualización mensual por inflación “generaría una disparidad con respecto a los otros subsidios del sistema que mantienen diferentes ciclos de actualización y, por lo tanto, se deberían destinar aún más recursos del Fondo Solidario de Redistribución al Mecanismo de Integración”, lo que implicaría “inevitablemente, un descuido de los demás programas que debe financiar el Fondo”.