La decisión de intervenir y enviar al Congreso un proyecto de expropiación de Vicentin que anunció este lunes Alberto Fernández llevó un largo poceso de casi seis meses. Tras extensos debates, fueron números concretos los que terminaron de convencer al Presidente de poner la mano del Estado en una de las principales empresas agroexportadoras del país, un sector estratégico para la economía nacional.

Un confuso y denunciado proceso de endeudamiento con el Banco Nación, una declarada crisis financiera pese al sostenido crecimiento de su facturación, presuntas maniobras evasión impositiva, un default, miles de empleos y el entramado agroindustrial en riesgo, son los principales condimentos de una trama que llevó al Ejecutivo a avanzar en la integración de la cerealera con YPF Agro, una de las unidades de negocios de la petrolera de bandera.

"Para evitar la disminución mayor de los activos de la sociedad en perjuicio de los acreedores, la posible ejecución de maniobras presuntamente fraudulentas, para proteger la fuente de más de 1.200 puestos de trabajo, para reactivar la producción de la sexta empresa agroexportadora de nuestra país y su generación de divisas, para garantizar el recupero de las acreencias con el sector público y para evitar los daños que ocasionaría para nuestro  país que se profundice la concentración del mercado agroexportador, es que se propone que el Estado Nacional intervenga de manera activa en el gerenciamiento y administración de  la empresa Vicentin S.A.I.C.", concluye un documento oficial que fundamenta la decisión.

A continuación, algunos de los números que llevaron al Gobierno a intervenir la compañía:

UDS1.500 millones de deuda

El 4 de diciembre pasado, la sociedad Vicentin anunció públicamente a sus acreedores una cesasión de pagos. Los pasivos totales de la firma ascendían a unos USD1.500 millones, de acuerdo al informe técnico elaborado por el Elecutivo.

De acuerdo al reporte, esta situación "efectuó un grave perjuicio en el sector agroexportador, al sector cooperativo, al fisco y a la banca pública con quienes mantenía importantes deudas, resultando el principal acreedor el Banco de la Nación Argentina".

El 23% de la deuda total correspondería a deuda financiera con el sector bancario argentino, correspondiendo más del 88% de la misma a la banca pública, encabezada por el Banco Nación con acreencias por más de $18.180 millones, lo que representa cerca del 80% de la deuda con el sector financiero local y el 18,3% de la deuda total denunciada por Vicentin. Entre los bancos locales, el segundo mayor acreedore es el Banco Provincia, con $1.814 millones.

El megapréstamos del BNA durante la gestión de Javier González Fraga, en el Gobierno de Mauricio Macri, derivó en una denuncia judicial presentada el 27 de enero por Fernando Míguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático.

Allí se señala “la posible existencia de una maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado Nacional a través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina a favor de la firma Vicentin S.A. lo que le permitió a la empresa acumular una deuda con el banco de $18.500 millones, los cuales actualmente serían de cobro incierto puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos”.

$8.000 millones de deuda a cooperativas

En ese marco, la compañía mantiene una deuda comercial por adquisición de granos por $26.657 millones, lo que representa casi un 26% de la deuda total. El 31,33% de los pasivos con este tipo de proveedores, es decir, más de $8.000 millones, afecta a casi un centenar de cooperativas agropecuarias. El principal acreedor en este grupo es la Asociación de Cooperativas Argentinas, con casi el 20% de la deuda comercial por adquisición de granos.

$9.550 millones de deudas al fisco

Las deudas con el Estado Nacional por conceptos impositivos y aduaneros ascienden a $9.550 millones, según la información de la AFIP. Esto no coincide con la presentación de la empresa, que denuncia una deuda impositiva y aduanera de $ 1.655 millones.

USD4.200 millones de facturación

De acuerdo al informe oficial, la facturación de Vicentin S.A.I.C excedía hasta 2019 los USD4.200 millones anuales a partir de los múltiples negocios de la firma: molienda de oleaginosas y producción de harinas y aceites, en la Sociedad Vicentin S.A.I.C. y sus subsidiarias Oleaginosa San Lorenzo S.A. y Renova S.A.; producción de biocombustibles; comercialización de granos desde sus terminales portuarias en el río Paraná; producción y desmonte de algodón; a lo que se suma la participación empresas alimenticias en rubros como el frigorífico y láctoe y en firmas bodegueras.

Así, un estudio del director del Banco Nación Claudio Lozano, que cita el informe, advierte: “Ninguno de los números disponibles justifica la repentina crisis financiera de Vicentin”. La facturación en 2017 y 2018 fue de $61.000 millones y $118.000 millones, respectivamente, es decir, aumentó un 93% de un año a otro. Mientras que los pasivos financieros representan un 20% del total de la facturación, con lo cual "todo indica que la situación de liquidez y endeudamiento era razonable y controlada". El análisis concluye: "Según la indicación de los balances 2018 y anteriores, la empresa venía atravesando una situación de expansión más que de crisis o endeudamiento".

“La compleja trama societaria, la existencia de empresas controladas en el extranjero, la naturaleza rentística que denota el comportamiento de la empresa a través de la información contenida en sus balances, obliga a desplazar el argumento empresario que vincula la crisis de la firma con lo que denominan estrés financiero. Por si esto fuera poco, los juicios de la AFIP contra la empresa se asientan en dudas que apuntan a una sobre estimación de costos y a la alteración de la base sobre la que deben calcularse los derechos de exportación. Dicho de otro modo, la AFIP supone que la empresa incurrió en el delito de sub-declarar exportaciones”, denuncia Lozano.

6.000 trabajadores

La empresa emplea alrededor de 6.000 trabajadores. De ellos, 2.195 corresponden a la industria aceitera (1.283 a Vicentín SAIC, 806 a Renova SA, 58 a Renopack SA y 48 a Patagonia Bioenergía SA); 920 de la algodonera; 376 de la vitivinícola y 2.057 de la frigorífica. Al menos los casi 1.300 empleos directos de la firma entraron en riesgo con el concurso de acreedores y el default de la empresa.

Casi 40% de las exportaciones son del agro

"La máxima importancia que reviste la producción y el comercio de granos, productos y subproductos para la economía de nuestro país, es evidente al considerar el volumen y valor de las exportaciones de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario provenientes de los cultivos de granos oleaginosos y cereales", sostiene el análisis técnico del Gobierno.

Según datos del Indec, en 2019 el complejo sojero con USD16.943 millones representó un 26% del valor exportado, el complejo maicero con USD6.025 millones representó un 9,3%; el complejo girasolero con USD935 millones representó un 1,4%. Sólo estos tres complejos representaron en 2019 casi un 37% del valor exportado.

La mitad de las exportadoras son extranjeras

El de granos y aceites, donde interviene Vicentin, es un mercado particularmente concentrado y extranjeriado. Las principales cuatro empresas exportadoras concentran el 48% de las ventas externas totales de Argentina mientras que las principales 10 representaron el 91% del total de negocios de exportación de granos y productos derivados de origen argentino durante la campaña 2018/19.

En ese contexto, la mitad de las firmas exportadoras pertenece a capitales extranjeros (Cargill, Bunge, Dreyfus, Cofco) y la mitad a capitales nacionales (AGD, Vicentin, ACA y Molinos Agro). Las locales vendieron un total de 35 millones de toneladas de productos agroindustriales en la anterior campaña, un 36% del total de negocios de exportación agroindustrial realizados por el país en el período.

Escases de divisas y liquidación

Por último, se trata de un sector clave en el ingreso de las tan preciadas divisas al país, en momentos en que las reservas internacionales netas se ubican por debajo de los USD10.000 millones. La liquidación o no de los dólares provenientes de la exportación con la que especulan las cerealeras es uno de los grandes factores de inestabilidad cambiaria en determinados momentos del año.

El informe oficial señala al respecto: "En la evolución de la liquidación de divisas por parte de los exportadores de cereales y de la industria aceitera informada por CIARA-CEC en su sitio web, puede observarse que al comparar los primeros cuatrimestres de cada año existe una disminución el valor de la liquidación de divisas tanto en 2015 como en 2020 que no se explicarían según los guarismos de cada cosecha y que debería investigarse si se trata de maniobras especulativas".

Por caso, entre enero y abril de 2015 se liquidaron USD7,99 millones y en el mismo lapso de 2020, USD6,96. Muy por debajo de los USD11,06 millones  de 2016, USD9,13 millones de 2017, USD8,14 millones de 2019. E incluso en el mismo nivel o incluso por debajo de los USD7,73 millones de 2018, el año de la gran sequía que afectó la consecha.