Los indicadores sociales del primer semestre, cuando la segunda ola impactó de lleno en la economía, dieron una pésima noticia: la indigencia no dejó de crecer, volvió a batir el récord de los últimos quince años y se situó en una tasa de 10,7%. Eso significó que, en los 31 principales aglomerados urbanos, hubo más de 80.000 personas que dejaron de poder acceder a una alimentación básica. Si se extrapola al total del país, el número sube a 113.000 personas. El ajuste en el gasto social y la suba del precio de los alimentos explicaron el fenómeno.

En realidad, la cuestión de la política fiscal y de ingresos, en el marco de una inflación de alimentos creciente y una caída del PBI por la segunda ola que se hizo sentir, tuvo una dinámica compleja y dispar. Y es que, al mismo tiempo, la tasa de pobreza se redujo hasta una de 40,6%, luego del 42% con el que había cerrado el 2020. Se trata de una tendencia contraria a lo esperado, si se observa que hubo una caída importante de la actividad en el segundo trimestre.

En definitiva, durante la primera mitad del año, en los principales 31 aglomerados urbanos, 270.000 personas lograron abandonar su condición de pobres. Y, si se extrapola al total del país, eso implicó que 450.000 personas pudieron torcer la realidad con la que habían terminado el 2020 y superar la línea de pobreza.

Desde LCG explicaron el fenómeno por el cual la pobreza bajó y la indigencia subió: “Una mayor variación de los precios de los alimentos respecto al resto, es uno de lo factores que explica el crecimiento de la indigencia en un contexto de baja de la pobreza”.

Y agregaron: “En paralelo, la recomposición de los ingresos de los trabajadores que pudieron reanudar sus actividades a partir de la flexibilización de las restricciones ayuda a que estos pudieran revertir su condición momentánea de pobres, pero no así los trabajadores que ya estaban fuera del mercado laboral, para los cuales la asistencia pública vía ingresos este año sufrió un ajuste en términos reales. Por ejemplo, la AUH cayó 8% interanual real durante el primer semestre”.

El problema del ajuste fiscal realizado en el primer cuatrimestre del año, en plena pandemia, y su efecto, en primer lugar, sobre los indicadores sociales y, en segundo, sobre la dinámica electoral, es conocido y tuvo incluso un round resonante en la interna del oficialismo. Los datos del Indec, publicados a través del informe Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos, correspondiente al primer semestre del 2021, pusieron de relieve su grave consecuencia en una tasa de indigencia que no encuentra techo y alcanzó niveles máximos desde el 2006.

El impulso fiscal de la segunda mitad de año apuntará en ese sentido, aunque por ahora es menor a lo esperado. El salario, por su parte, creció en julio, luego de tres meses consecutivos de caída. La mejora real fue de 1,8%, aunque el de los no registrados, los más perjudicados en términos de calidad de los puestos de trabajo, cayó 0,6% real.

Cabe destacar, también, que en lo que va del año, hasta agosto el precio de los alimentos que forman la Canasta Básica Alimentaria (CBA) crecieron 28,8%.

En total, en los 31 principales aglomerados urbanos, 11.726.794 personas estuvieron por debajo de la línea de pobreza. El número es menor a las 12.000.998 que se habían registrado durante la segunda mitad del 2020 y la diferencia es de 274.204 personas.

Por el lado de la indigencia el camino es el opuesto: 3.087.427 quedaron por debajo de los ingresos necesarios para acceder a la CBA. Eran 3.007.177 de personas durante el cierre del 2020. La diferencia fue de 80.250 personas.


 


 


 


 


 

Los indicadores sociales del primer semestre, cuando la segunda ola impactó de lleno en la economía, dieron una pésima noticia: la indigencia no dejó de crecer, volvió a batir el récord de los últimos quince años y se situó en una tasa de 10,7%. Eso significó que, en los 31 principales aglomerados urbanos, hubo 80.000 personas que dejaron de poder acceder a una alimentación básica. Si se extrapola al total del país, el número sube a 113.000 personas. El ajuste en el gasto social y la suba del precio de los alimentos explicaron el fenómeno.

En realidad, la cuestión de la política fiscal y de ingresos, en el marco de una inflación de alimentos creciente y una caída del PBI por la segunda ola que se hizo sentir, llevó a una dinámica compleja y dispar. Y es que, al mismo tiempo, la tasa de pobreza se redujo hasta una de 40,6%, luego del 42% con el que había cerrado el 2020. Se trata de una tendencia contraria a lo esperado, si se observa que hubo una caída importante de la actividad en el segundo trimestre.

En definitiva, durante la primera mitad del año, en los principales 31 aglomerados urbanos, 270.000 personas lograron abandonar su condición de pobres. Y, si se extrapola al total del país, eso implicó que 450.000 personas pudieron torcer la realidad con la que habían terminado el 2020 y superar la línea de pobreza.

Desde LCG explicaron: "Una mayor variación de los precios de los alimentos respecto al resto, es uno de lo factores que explica el crecimiento de la indigencia en un contexto de baja de la pobreza".

Y agregaron: "En paralelo, la recomposición de los ingresos de los trabajadores que pudieron reanudar sus actividades a partir de la flexibilización de las restricciones ayuda a que estos pudieran revertir su condición momentánea de pobres, pero no así los trabajadores que ya estaban fuera del mercado laboral, para los cuales la asistencia pública vía ingresos este año sufrió un ajuste en términos reales. Por ejemplo, la AUH cayó 8% interanual real durante el primer semestre".

El problema del ajuste fiscal realizado en el primer cuatrimestre del año, en plena pandemia, y su efecto, en primer lugar, sobre los indicadores sociales y, en segundo, sobre la dinámica electoral, es conocido y tuvo incluso un round resonante en la interna del oficialismo. Los datos, publicados por el Indec, pusieron de relieve su grave consecuencia en una tasa de indigencia que no encuentra techo y alcanzó niveles máximos desde el 2006.

El impulso fiscal de la segunda mitad de año apuntará en ese sentido, aunque por ahora es menor a lo esperado. El salario, por su parte, creció en julio, luego de tres meses consecutivos de caída. La mejora real fue de 1,8%, aunque el de los no registrados, los más perjudicados en términos de calidad de los puestos de trabajo, cayó 0,6% real.

Cabe destacar, también, que en lo que va del año, hasta agosto el precio de los alimentos que forman la Canasta Básica Alimentaria (CBA) crecieron 28,8%.

En total, en los 31 principales aglomerados urbanos, 11.726.794 personas estuvieron por debajo de la línea de pobreza. El número es menor a las 12.000.998 que se habían registrado durante la segunda mitad del 2020 y la diferencia es de 274.204 personas.

Por el lado de la indigencia el camino es el opuesto: 3.087.427 quedaron por debajo de los ingresos necesarios para acceder a la CBA. Eran 3.007.177 de personas durante el cierre del 2020. La diferencia fue de 80.250 personas.

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