El Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE) significó durante los meses que lleva instalada la pandemia de coronavirus (Covid-19) en Argentina una ayuda directa para las familias más pobres y más aún para las mujeres, que se encuentran sobrerrepresentadas en los extremos inferiores de las brechas económicas. Y si bien se evalúa la continuidad de una medida similar tras la emergencia sanitaria, no es suficiente para lograr corregir las desigualdades de género: La necesidad de políticas de cuidado continúa como una deuda pendiente y hoy la urgencia es máxima.

Así coincidieron tres especialistas consultadas por BAE Negocios que analizaron el impacto de esta y otras políticas con las que el Gobierno busca paliar los efectos recesivos del Covid-19 en un escenario más que desfavorable para las mujeres y la población LGBTIQ+. Además, pusieron el foco en la post pandemia. ¿Qué características de la experiencia del IFE deben mantenerse y qué más se necesita para avanzar hacia la inserción de los sectores marginados?

Por qué el IFE es una política con perspectiva de género

El bono de $10.000 entregado por Anses le da prioridad de cobro a la mujer en un hogar en el que varios integrantes de un grupo familiar hayan solicitado el monto. Según datos de la Dirección Nacional de Economía Igualdad y Género (DNEIG), el 55,7% de quienes recibieron el beneficio son mujeres. 

La economista del Centro de Economía Política (CEPA) Eva Sacco evaluó que existe “una correlación entre pobreza y género” y sobre todo, “entre hogares y tipologías”. “Los hogares monomarentales tienen una tasa de pobreza mayor que los biparentales con jefes varones. Y si además una analiza la inserción ocupacional, las mujeres tienen una mayor tasa de informalidad, de desempleo y menores ingresos”, especificó. 

La última Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que realiza el Indec, reveló que del 2% del total de hogares a cargo de una sola persona (monoparental o monomarental), el 89% está a cargo de una mujer. Asimismo, en el decil más bajo de ingresos, el porcentaje se multiplica y el 98% de esos hogares tiene como jefa a una mujer. 

Así, la transferencia de dinero directa significó una forma de “independencia” y de “empoderamiento” de las mujeres, ya que “la persona que administra el dinero en el hogar tiene el poder”, indicó Sacco, en un país donde la brecha de ingresos entre hombres y mujeres alcanza el 36,8%.

En ese sentido también se expresó la coordinadora de Economía Feminista, Candelaria Botto, quien ejemplificó:  “Cuándo recién surgió la AUH hubo una discusión sobre si el hecho de que lo cobraran las madres no era una continuidad del estereotipo de que son las que se hacen cargo de los hijos. Luego en la práctica se evidenció que permitió a muchas tener su primer ingreso y administrarlo y eso generó una pequeña autonomía económica, fundamental para pensar en la independencia real de las mujeres”, argumentó.

La compatibilidad con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE) es otro punto fuerte. Siguiendo con el informe de la DNEIG, el 94,7% son beneficiarias de alguno de los beneficios. Para la socióloga y coordinadora del Grupo de Investigación e Intervención Feminista (GIIF) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Luci Cavallero estas asignaciones “reconocen las tareas de cuidado que ya se realizan pero no se remuneran y en muchos casos están estigmatizadas, aún cuando son las tareas que sostienen la reproducción social”.

En gran parte, quienes realizan este tipo de actividades domésticas son las más jóvenes que tienen “a cargo a sus hermanos, a adultos mayores o a sus propios hijes” y así, se reduce “la disponibilidad horaria para buscar trabajo remunerado” dificultando su ingreso en el mercado laboral. Por lo que el IFE también tiene una incidencia allí y de hecho el 61,5% de quienes reciben el ingreso tienen entre 18 y 34 años.

En tanto, es la primera vez que existe una transferencia específica dirigida hacia las trabajadoras de casas particulares incluidas en el cobro del bono. Constituyen 1 de cada 5 trabajadoras en el país y corren un fuerte riesgo en medio de la expansión del coronavirus: un informe del Ministerio de Trabajo informó que al menos 20.000 (registradas) perdieron su empleo en los primeros cuatro meses de 2020. Para Botto, el Estado se aseguró así que “cobren, mantuviesen o no” sus ingresos durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) y que la situación es más alarmante para quienes están en la informalidad. 

Lo que la pandemia empeoró

La escena que precede al coronavirus tiene a las mujeres como protagonistas de la mayor tasa de desocupación e informalidad laboral.  Si bien en el primer trimestre del año medidas como el refuerzo de la Tarjeta Alimentar y el aumento por decreto de las jubilaciones mínimas (63,7% la perciben mujeres) lograron un cierto alivio en las brechas, con la llegada de la emergencia la situación se intensificó y el ámbito doméstico se transformó en el espacio donde lo productivo y reproductivo confluyen y no conviven de manera favorable.

“La virtualizacion de la educación provocó que las mujeres se ocupen de las tareas escolares, agregando ese nuevo trabajo al interior del hogar. Al mismo tiempo, estamos hablando de muchas que están teletrabajando y sosteniendo la intensificación de las jornadas de cuidado”, explicó Cavallero y sumó la duplicación de las tareas de cuidado que son la principal razón de una mayor tendencia a la informalidad en lo laboral, que cursa alarmantes cifras: 38,2 por ciento.

Por otro lado, los trabajos comunitarios en barrios populares están feminizados y la pandemia acentuó su necesidad. Para la socióloga feminista “las mujeres que realizan tareas comunitarias están trabajando horas extras que no son reconocidas y que se suman a su propio trabajo doméstico que no es remunerado”.

Más aún, “muchas situaciones en los barrios se sostuvieron” por esas mujeres y también por el trabajo de organizaciones sociales “que crearon protocolos de salud que luego fueron copiados por el Estado”. 

Por su parte, Sacco planteó la dificultad que trajo el aislamiento a la hora de socorrer a mujeres que sufren violencia de género. “Se rompen o debilitan las redes de contención para las víctimas de violencia por la convivencia forzada con sus agresores”, indicó.

Saldar la deuda con las mujeres, más que el bono de $10.000

El IFE salvó de una caída “muy dramática” en aún más pobreza a los sectores que no pueden realizar sus trabajos por el coronavirus. La experiencia de un bono de estas características para la post pandemia ya se evalúa en una eventual Renta Básica Universal y sostener la perspectiva de género es “fundamental” pero no es suficiente, coincidieron las expertas.

Lo “familiar” del ingreso constituye un problema: “Cuando es el varón el que recibe el bono no necesariamente se traduce en una administración de los recursos y la dependencia de la mujer va en detrimento de su autonomía que muchas veces se traduce en maltrato. Hay que repensar un dispositivo en el que lo familiar no sea el ente por el que se evalúe la transferencia”, explicó Cavallero.

También se refirió a las dificultades de acceso a la vivienda al asegurar que la pandemia “puso en evidencia la problemática del hacinamiento” y de la situación de mujeres trans y travestis que viven en hoteles y que por la emergencia sanitaria fueron desalojadas sin otro lugar donde vivir.

“No sólo es necesario poner a disposición créditos para la compra de viviendas sino también que el Estado facilite un alquiler social para mujeres y la población LGBTIQ+”, indicó. Por otro lado, señaló que "el IFE sirvió pero no esta alcanzando" ya que se utiliza en muchos casos para "pagar alimentos caros o incluso para pagar paquetes de datos" de telefonía celular, por la escasez del acceso digital.

En esa línea, Sacco resaltó que los $10.000 son una medida paliativa por lo que es necesario aumentar el monto y que por “por primera vez se llegó a varias puntas de los sectores más empobrecidos” al tiempo que es “una deuda” el sostenimiento del ingreso para las mujeres”. 

Para Botto, “es importante retomar la exigencia de un sistema integral de cuidados pensado como un derecho a garantizar” en tanto que enfatizó que “las políticas de inversión en capital humano son cruciales como medidas que inyecten ingresos en los sectores con menos recursos y que por ende fomenten la demanda y el consumo interno. “Es más urgente que nunca”, remarcó.

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