El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quiere aumentar hasta 1.400% el impuesto a los Ingresos Brutos de las operaciones de los puertos y la noticia puso en alerta exportadores mendocinos que sacan sus productos por esos lugares.

"Estamos preocupados porque nuestra función es proteger al capital exportador de la provincia y este posible aumento lo perjudicaría. El incremento se daría por ejemplo en el puerto de Dock Sud y podría tener impacto en el costo de logística de las cargas que salgan por ese lugar", advirtió Mario Lázzaro, titular de ProMendoza, quien ya recibió consultas de exportadores y despachantes de Aduana preocupados por el tema.

El incremento, que está previsto en la ley de Impositiva, no es sólo del 1.400%, ya que la alícuota llega a equivaler casi el 50% del valor del servicio prestado por una terminal: carga, descarga y removido de mercaderías.

Además, la medida modifica el criterio de la base imponible: reemplaza el precio del servicio prestado por el peso de los bienes operados en los puertos. 

Por este cambio, cada tonelada embarcada tributará $93; la descargada $278, y la tonelada removida $46. Sólo se exceptúan las mercaderías en tránsito, arena y piedra y la pesca artesanal. Si bien la mayoría de las exportaciones mendocinas salen por los puertos de Chile, que por cercanía hace más barata la logística, hay productos mendocinos que lo hacen por Dock Sud, que serían los afectados por el posible impuesto bonaerense.

"Hay firmas que ya vienen trabajando con ese puerto y tienen pactadas sus salidas por ahí con las empresas con las que ya tienen contratos. Ellos son los que si se confirma el impuesto deberán empezar a negociar quién se hace cargo de ese aumento en la logística y eso también afectaría su competitividad", explicó Lázzaro.

Este miércoles, la ley impositiva recibió la media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense en un trámite express y con algunos cambios respecto del que había sido introducido el 24 de diciembre último, que no pudo ser tratado por falta de quórum. 

Por ejemplo, se redujo la franja de propietarios que deberán pagar el aumento del 75% del impuesto inmobiliario y se dispuso que los jubilados que cobran la mínima, los beneficiarios de la AUH y las asociaciones civiles queden exceptuadas del pagar.

El proyecto fue girado al Senado provincial, en donde se espera que la oposición busque introducir algunas modificaciones.