Las políticas públicas no son neutrales al género”, dice un informe de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género (DNEIyG) y la frase se materializa cada vez que la crisis económica se profundiza y el impacto en las mujeres y personas LGBTIQ+ es mayor. En este sentido, el Gobierno envió un mensaje político claro a la hora de diseñar el Presupuesto 2021, que ya obtuvo dictamen de comisión y será tratado en los próximos días en Diputados: más de un 15% del total asignado (alrededor de $1,3 billones) corresponde a políticas que tienen un impacto directo o indirecto en las brechas feminizadas.

Se trata de un salto cuantitativo, por el volumen del monto previsto y la visibilidad que se le da a las partidas con esta intención, y cualitativo, por la jerarquización de áreas específicas y sus programas como el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad creado en la gestión actual de Alberto Fernández.

Dos enfoques que diferencian a la ley de leyes de los dos últimos proyectos presentados por el gobierno de Mauricio Macri que, si bien fueron los primeros en utilizar el método de etiquetado PPG (presupuesto con perspectiva de género), el monto asignado y la cantidad de partidas fueron menores en relación al total del armado presupuestario en tanto que la “igualdad de género” era parte de un Objetivo de Desarrollo Sustentable (ODS) impulsado por las Naciones Unidas que no se mostraba consistente en los números previstos.

¿Qué significa etiquetar?

La directora de Planificación, Seguimiento y Gestión de la Información del MMGyD, Victoria Gallo Llorente, explicó en diálogo con BAE Negocios que el método se trata de “una categoría de análisis de las políticas transversales en el presupuesto nacional” en el que “se incluyen todos aquellos programas y actividades destinados a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y personas LGTBI+, así como también aquellos programas orientados a disminuir las brechas entre los géneros y/o impacto en la mejora de oportunidades y la reducción de desigualdades de género”. 

“El proceso incluye identificar y categorizar las acciones destinadas a atender la problemática de desigualdades y brechas de género que implica la revisión de partidas presupuestarias, categorías programáticas, metas físicas”, indicó la funcionaria.

Según un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), en 2019 las partidas del PPG representaron un 3,72% del presupuesto ejecutado mientras que se proyectó un 3,64% de incidencia en el total para 2020. Por la ampliación vigente, a junio de este año la repercusión en el gasto es del 12,93%.

Para el 2021, el estudio identificó 53 actividades con un impacto en las brechas feminizadas. Un avance significativo en comparación con el 2019 (23) y 2020 (28). En términos reales (ajustado por inflación) el gasto prevista es 2,6 veces el presupuesto etiquetado en 2019. Entre el crédito vigente 2020 y el presupuestado 2021, se registra un aumento del 7%.

Fuente: Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y ACIJ

La autonomía económica, el principal objetivo

 

La mayor parte de los fondos corresponden a políticas ligadas a la seguridad social. El 99,46% se distribuye en tres dependencias: el Ministerio de Desarrollo Social (13,27%), el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (0,48%) y la Anses, la dependencia con la mayor partida (87,71%). 

Se trata de medidas de transferencia directa mayoritariamente entregadas por Anses como la Asignación Universal por Hijo ( AUH) o la Asignación Universal por Embarazo (AUE), entre otras, que tienen un fuerte impacto en las brechas de ingresos, que hoy se ubican en 29% para los formales y 36,8% para los informales, de acuerdo a un estudio de la DNEIyG.

La moratoria previsional, llamada “jubilación de amas de casa” por el sesgo de género que tuvo al momento de implementarse en 2007, es otra de las etiquetas fuertes ya que según Gallo Llorente “reconoce las tareas de cuidado” por la posibilidad que le da a mujeres cuya carga doméstica a lo largo de sus vidas dificultó su salida al mercado laboral, de percibir un haber jubilatorio. Esta política representa el 60,4% del gasto PPG.

En el caso de la cartera liderada por Daniel Arroyo, las políticas de cuidado se plantean como prioridad. El Plan Potenciar Trabajo, que incluye a la población trans y diversidades, proyecta una inscripción de al menos un 67% de mujeres. Se menciona a la Ley Brisa que otorga una reparación económica para hijas e hijos víctimas de femicidios equivalente a una jubilación mínima, se prevén políticas de cuidado para adultos mayores y primera infancia, entre otras medidas.

Una de las novedades para el 2021 es el programa Acompañar del ministerio conducido por Elizabeth Gómez Alcorta que otorgará un monto equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil (que para el año que viene aumentará a $21.600) durante seis meses a mujeres y personas LGBTIQ+ que acrediten estar en situación de violencia de género. El plan está presupuestado en $4.496 millones, representa el 72% del gasto previsto por la cartera y forma parte del del Plan de Acción contra las Violencias por razones de Género (PNA) 2020-2022. 

El Acompañar es la prioridad máxima del MMGyD ya que apunta a avanzar hacia la “autonomía económica” de las personas en situación de riesgo para que “todas las mujeres y la diversidad puedan alcanzar un proyecto de vida libre de violencias”, destacó la encargada del Programa Interministerial de Presupuesto con Perspectiva de Género.

Además, según la investigación del ELA, “si se tiene en cuenta el presupuesto vigente para 2020 ($545,48 millones), en términos nominales, el presupuesto del MMGyD se multiplicó por 11 en el proyecto 2021 ($6204 millones)” en tanto que “en términos reales, se trata de un aumento del 600%”. Si se lo compara con el presupuesto ejecutado por el Instituto Nacional de las Mujeres, el órgano que impartía políticas contra la violencia de género en el gobierno de Cambiemos, en 2019 ($241 millones), “el aumento es de 873%”, aseguró el informe.

 

Las áreas masculinizadas, el desafío del PPG

 

Las políticas asociadas a la Salud le siguen a las destinadas a la seguridad social y la erradicación de las violencias con un 0,22% en el gasto del PPG. Se destaca el programa de Salud Sexual y Procreación Responsable íntimamente ligado a la autonomía física de las mujeres y diversidades. “El programa tiene que ver con la garantía de derechos de las mujeres y con un proyecto de vida autónomo, con libertad de decisión, de poder proyectar tu vida y tomar decisiones planificadas en torno a la maternidad”, analizó Gallo Llorente.

Fuente: ELA y ACIJ

No obstante, estas áreas de gestión pública son las comúnmente asociadas a las tareas reproductivas que por construcción de roles sociales se les asignan a las mujeres dentro de la lógica de las desigualdades de género. De los 21 ministerios que conforman el Gabinete sólo 13 etiquetaron partidas con el PPG y si bien hay novedades en varias carteras, muchas proyectaron metas físicas pero no informaron programas a implementar que impacten en las brechas feminizadas.

Por ejemplo, el Ministerio de Transporte incorporó por primera vez una partida etiquetada y objetivos en materia de género. Se trata de un proyecto de construcción de paradas seguras de transporte público aplicando un enfoque de género, y la provisión de alternativas de comunicación para casos de inseguridad o de violencia de género.  

En cambio, el Ministerio de Trabajo no tiene medidas bajo la nómina del PPG pero en sus objetivos apunta a “apoyar la inserción laboral de las mujeres en el mundo del trabajo” y se compromete a reformar junto al MMGyD la “normativa nacional en relación con la equidad de género y diversidad sexual” en el ámbito laboral.

También, se observan programas o fines con impacto en las desigualdades de género en los ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca; Desarrollo Productivo; Economía; Turismo y Deporte; Obras Públicas; Cultura; Desarrollo Territorial y Hábitat;  Ciencia, y Tecnología e Innovación; según el informe de ELA.

Para la funcionaria del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad el contexto actual de crisis económica agravada por la pandemia de coronavirus es “insoslayable” y el Presupuesto muestra el enfoque en las desigualdades más urgentes. Adelantó, además, que el Gobierno avanzará en el etiquetado de partidas.

 “Hay brechas que son estructurales para las mujeres, cómo la carga de tareas de cuidado que no se resuelven con sólo un presupuesto sino con un conjunto de políticas. Tenemos que trabajar por abordar la segregación vertical y horizontal, la participación de mujeres en lugares masculinizados. Transversalizar las políticas y llegar a áreas que aún no implementan la perspectiva de género es nuestro desafío a futuro”, precisó.

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Eugenia Muzio

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