Mal, pero no tan mal. Así podría sintetizarse el escenario fiscal de las provincias del 2020, a pesar de la pandemia de coronavirus que puso patas para arriba todas las proyecciones macroecónomicas para el año. Y es que a diferencia de la Nación, que hasta diciembre acumulará un rojo primario en torno a los 7 puntos del PBI, los gobernadores lograron surfear la ola del Covid 19 licuando el gasto en salarios y obra pública, y en muchos casos terminaron mejor parados en relación al 2019.

Si bien la situación varía enormemente de acuerdo al distrito, en el grupo de los ganadores se encuentran sin duda los de la zona centro como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, que se encaminan a cerrar sus cuentas públicas con holgura. Por el contrario, los mandatarios patagónicos se vieron severamente afectados por las restricciones sanitarias y el derrumbe en el precio del petróleo, y sus arcas empeoraron sustancialmente.

En ese sentido, la clave para el 2021, según los analistas, pasará por la medida en la que puedan contener sus plantillas de trabajadores estatales estable en medio de un año electoral y unas paritarias que eviten regresar los sueldos de los empleados públicos a los niveles pre-covid.

De acuerdo a estimaciones de la consultora Aerarium, las partidas destinadas al personal -las más significativas para las provincias- retrocedieron un 7% en términos reales al término del tercer trimestre, si se toma como referencia los doce distritos que tienen su información oficial más actualizada.

La firma calculó que ese conjunto de jurisdicciones terminó a septiembre con un resultado financiero positivo de $44.822 millones, que contrasta con el déficit de $6.480 millones que marcaban a igual lapso del año pasado. De esa cifra, la mayor parte la aportan Santa Fe con $19.000 millones y Córdoba con $18.000 millones.

Los números serían otros de incluirse los de la provincia de Buenos Aires, que, a partir del Presupuesto 2021, se desprende que terminará el 2020 con un rojo financiero de $70.000 millones, el cual el año que viene se elevaría a $111.000 millones.

En la vereda opuesta, Neuquén fue de las que más desmejoró su resultado, al pasar de un déficit de $917 millones a otro de $9.786 millones en la comparación hasta el tercer trimestre.

Lo cierto es que los datos consolidados para las 24 jurisdicciones del país, que se encuentran disponibles sólo hasta el primer semestre, muestran un resultado primario de $107.000 millones y uno financiero de $33.000 millones, lo cual contrasta con el déficit monstruoso de la administración pública nacional registrado en el mismo período, en particular a lo largo del segundo trimestre, cuando se aplicó la cuarentena más dura y las mayores compensaciones a familias y empresas vía ATP e IFE.

A igual lapso de 2019, los gobernadores habían mantenido un superávit primario de $66.500 millones y un rojo financiero de $7.368 millones.

“Las provincias heredaron una buena situación fiscal del gobierno anterior, porque se les condonó la deuda con el Tesoro, con asistencia financiera a cambio de que ordenaran sus cuentas. El factor de vulnerabilidad venía por el lado del endeudamiento en dólares en el mercado internacional”, explicó a BAE Negocios un economista especializado en finanzas públicas.

Ante el cierre del financiamiento externo, los mandatarios con emisiones bajo jurisdicción extranjera salieron a renegociar los vencimientos de los próximos años, al tiempo que volvían a depender de la Rosada para cubrir el bache que la pandemia les generó en la recaudación.

“Dentro de todo el óceano de emisión monetaria que hubo para financiar el gasto, la asistencia a las provincias son dos mangos y con eso las pusieron en orden”, planteó el experto que prefirió el off the record.

Por su parte, Guillermo Giussi, de Aerarium, explicó que “hubo una clara mejora fiscal. Las transferencias compensaron la caída de la recaudación local. Eso se reflejó en los depósitos del sector público, la caja de las provincias, que desde marzo aumentaron 50%”.

La holgura llegó a tal punto que por ejemplo, Santiago del Estero llegó a tener en los bancos el equivalente a trece meses de sueldos públicos.

“La gran incógnita del 2021 es el gasto en personal, porque ahí suele haber desbordes en los años electorales, y se volvió a postergar un año el consenso fiscal que ponía limitaciones en ese aspecto”, evaluó Giussi.

El otro “dato negativo” para el analista de Aerarium que dejó esa prórroga es que los gobernadores no estarán obligados a reducir alícuotas de Ingresos Brutos y, por el contrario, los que se ubicaban debajo de los máximos consensuados podrán incrementarlas si no lo hicieron a lo largo de 2020.

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Ignacio Ostera

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