El ex titular del Puerto en el gobierno de Mauricio Macri, Gonzalo Mórtola, será citado a indagatoria en una causa por defraudación a la administración pública en el marco de la renovación de la concesión de las terminales portuarias.

Mórtola administró el puerto hasta 2019 y está ligado a Felipe Viramonte, ex funcionario de la aduana que traficaba celulares. El ex interventor de la Administración General de Puertos fue llamado a indagatoria por el juzgado federal número 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi,  y se concretará en las próximas semanas. 

La causa que originó la investigación y la medida del magistrado está fundada en la resolución 129/2016 por la cual Mortola contrató a la empresa española INDRA para la "estructuración, promoción y concurso de las terminales de contenedores del Puerto Buenos Aires". 

Fue una contratación directa a esta empresa incumpliendo todos los procedimientos administrativos por US$ 772.483. Al momento de la contratación, el monto máximo para hacerlo sin licitación (es decir, para justificar una contratación directa) era de 1,5 millones de pesos, por debajo del monto pagado.

El funcionario con el entonces ministro Guillermo Dietrich

Además, la empresa contratada no tenía experiencia en consultoría portuaria y de hecho, la propia gestión de Mortola le indicó a qué profesionales contratar. La Administración de Puertos también contrató a asesores especiales para ese contrato, ambos provenientes de la gestión privada, sin experiencia en gestión portuaria (sí logística).

La contratación de INDRA en Puertos


A fines de 2017, AGP decidió cambiar su criterio y dejó de lado la opción de pasar de tres a dos empresas operando sus terminales, para centrarse en una nueva estrategia de una única empresa, en sintonía con los deseos de Nicolás CaputoAl modificar su estrategia,  extendió el vínculo con INDRA: por otros 168 mil dólares (más impuestos). (Resolución 169/2017)

En total, el pago a la consultora quedó en 940.508 dólares más impuestos.
A pesar de gastar casi un millón de dólares, la licitación la terminaron armando los técnicos de AGP. 

La licitación, que finalmente se dio de baja con el nuevo gobierno, generó un escándalo, cuando diversos actores portuarios denunciaron que se buscaba beneficiar a Nicolás Caputo -con una concesión de 50 años- y generar negocios inmobiliarios, así como el traspaso del Puerto Buenos Aires a la órbita porteña.


Pese a ser un hombre de José Torello, jefe de asesores del presidente Mauricio Macri y referente de la mesa judicial de Cambiemos, Mortola -y varios de los protagonistas- fue imputado en 2018, durante la gestión del macrismo.