En otro de los apoyos recibidos, el Concejo Directivo de la Asociación de Importadores y Exportadores de la Argentina (AIERA) respaldó la decisión oficial de intervenir la empresa Vicentín y avanzar en un proyecto de ley para su estatización, ya que "se necesita un grupo capitalista nacional que apueste a la inversión".

La entidad dio a conocer su postura y planteó que dicho grupo debe apostar por "la agregación de valor en las provincias y el medio rural, a la generación de puestos de trabajo de calidad y alta productividad y a la exportación de productos elaborados. Disponer de una empresa pública inversora, como la que pudiera constituir YPF Agro, que apueste a la producción nacional de toda la cadena productiva y a la exportación agropecuaria con valor agregado, debería ser un objetivo nacional".

"La nueva conducción de la empresa debería plantearse agregarle valor a la producción primaria nacional, comprar la producción a los pequeños y medianos productores rurales en condiciones justas y no abusivas como ha venido sucediendo en las últimas décadas. Muchos productores chicos y medianos, como las cooperativas deberían querer sumarse y venderle al nuevo grupo nacional. Éste podría transformarse en un fuerte impulsor del desarrollo del interior y por eso se debe apoyar la iniciativa", se explayó AIERA.

Si bien la asociación determina que "la decisión tomada es fruto de una situación no deseada, que ojalá hubiera podido evitarse, y que se da en medio de la pandemia mundial del coronavirus, también sucede forzada por el proceso concursal que está siendo investigado por la Justicia, dadas las numerosas irregularidades en la asignación de créditos, especialmente por parte de la banca pública nacional".

En ese marco, el Concejo Directivo de AIERA entiende que la quiebra del grupo comercial generaría un grave daño al tejido económico nacional si arrastrara a las industrias que componen la asociación y se perdieran, por consecuencia, los más de 5.000 puestos de trabajo.

La sociedad concursada es controlante de empresas productoras de alimentos en el mercado interno, por lo que su caída provocaría una mayor concentración de la oferta y un aumento de los precios internos, afectando a los consumidores. "La provisión de alimentos al mercado interno, a precios justos y razonables, coordinando el proceso con las exportaciones, hace a la cuestión de la soberanía alimentaria", añade la entidad empresaria del comercio exterior.
"Hace muchos años que se tiene demasiadas sospechas sobre la transparencia de la cadena de exportación agropecuaria. Tener un jugador testigo de ese proceso permitiría entender y evitar transacciones subfacturación, fuga de divisas y no pago de derechos e impuestos", evalúa AIERA.
Por último, "surge la duda si no será también el momento para que este nuevo grupo promueva el resurgimiento de la desaparecida industria marítima y fluvial nacional que transporte los productos del país y que sea impulsora de la producción y de las exportaciones".
 

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