“Lo económico siempre fue un problema, porque la mujer tomaba la decisión de irse, se armaba el bolsito, salía a la calle y decía ‘¿Ahora, qué?’", cuenta Claudia Perugino en una entrevista con BAE Negocios , sobre la problemática que impulsó al nuevo programa Acompañar para víctimas de violencia de género del que es coordinadora. Y responde: "Ahora hay un Estado nacional que acompaña, que está presente, que va a atender las situaciones de riesgo, de violencia económica y vulnerabilidad social, que va a brindar un programa donde la persona esté contenida mediante lo económico. Se terminó la burocracia, el tramiterío”.

La reciente iniciativa anunciada el 25 de septiembre en medio de la pandemia por coronavirus viene a saldar un “reclamo histórico” del movimiento feminista, ya que se trata de “una ayuda económica concreta para la situación de riesgo” mediante un bono de 17000 pesos para mujeres y personas de la población LGBTIQ+ que acrediten situaciones de riesgo por violencia de género, sin necesidad de contar con una denuncia.

"Tiene dos pilares: uno es el apoyo económico” por parte del Estado nacional, “y el otro es el fortalecimiento de las redes de acompañamiento para que realmente la persona pueda salir de la situación de violencia mediante una estrategia conjunta”, a cargo de las provincias y municipios, describe Perugino. “Con el Acompañar se cierra una larga lucha y se inicia un nuevo capítulo en el reconocimiento de un derecho para las personas que sufren violencia”, añade la abogada y militante feminista, que 2015 puso en marcha el primer Registro Nacional de Femicidios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El bono Acompañar del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) es una ayuda económica equivalente a un salario mínimo, de $16.875 pesos, al cual se puede acceder por única vez y se paga durante un plazo de seis meses. Es compatible con la Asignación Universal por Hijo ( AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), con el ingreso por hijo con discapacidad, el monotributo social y para las trabajadoras de casas particulares, sea cual sea su condición laboral, como “única excepción”, ya que el resto de quienes tienen un trabajo registrado no pueden pedirlo. No podrán acceder al programa las personas que trabajan en relación de dependencia, monotributistas o autónomas, jubiladas, pensionadas, que cobren prestación por desempleo o reciban alguna otra asistencia del Estado por situaciones de violencia.

Acompañar será ejecutado por la Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razones de Género del MMGyD. De los más de $6.200 millones de pesos asignados en el proyecto de ley del Presupuesto 2021 al Ministerio de Géneros, casi su totalidad está orientado a sostener la estructura del Acompañar: $4.500 millones, para abordar un estimado de 92 mil casos. La gran proporción de la partida presupuestaria que recibirá indica la importancia que el Gobierno le da a esta iniciativa. Las primeras provincias en implementarlo serán Buenos Aires, Río Negro, Santa Fe y Chaco, con las cuales Perugino ya está “en la etapa de firma de convenios”. Por eso, aún no hay una fecha para saber cuándo se comenzará a pagar el bono de 17 mil pesos. “No puedo dar una fecha porque todavía no empezamos a cargar los casos y no sabemos cuánto se va a demorar”, aclaró la funcionaria.

Se trata de una medida clave ya que “la pandemia empeoró estos casos” de extremo riesgo, teniendo en cuenta la falta de trabajo y que “muchas personas están conviviendo las 24 horas del día con el victimario”. Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2020 hubo 168 femicidios en todo el país, 15% más que en el mismo período del año pasado, según un relevamiento realizado por el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Acompañar no es una política aislada. Se enmarca en el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022 del Ministerio, “donde se prevé una serie de programas” para prevenir, sancionar y erradicar esta problemática en línea con la ley 26.485, de 2009. “El Acompañar es uno de ellos, quizás el más importante por la trascendencia que tiene. También, porque es un reclamo histórico del movimiento de mujeres y diversidades que el Estado otorgue una ayuda económica concreta para la situación de riesgo”, celebró Perugino.

Además, tiene una estrecha relación con los planes Generar (Fortalecimiento Institucional de Áreas de Género y Diversidad a nivel Provincial y Municipal) y el Potenciar Trabajo, en el que fueron unificados Hacemos Futuro y Proyectos Productivos Comunitarios. La idea es que, al finalizar los seis meses de acompañamiento y pago de la prestación de casi 17 mil pesos, las mujeres y diversidades puedan continuar en su camino hacia la independencia económica y autonomía a través del Potenciar, el cual busca mejorar la inclusión social y laboral mediante incentivos a finalizar la escuela, la formación laboral y la certificación de competencias de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

¿Cómo se va a implementar el programa?


—Se va a implementar mediante un circuito. Las áreas locales van a acreditar la situación de riesgo mediante una entrevista social; van a ser las encargadas de cargar los datos de la persona en un Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género que crea el MMGyD. A partir de esos datos, se va a cruzar la información con el Anses, que es el otro organismo que interviene, donde se van a corroborar las compatibilidades o incompatibilidades, y ahí se le va a otorgar el alta a la persona.

¿Cómo sigue la vida de la persona cuando terminan los seis meses del Acompañar? ¿Hay algún programa previsto en el cual se pueda insertar para garantizar su independencia económica?


—El objetivo final del plan es lograr que la persona tenga una vida libre de violencias y pueda orientar su vida a un trabajo registrado, a una vivienda, garantizar el acceso a los derechos. Las respuestas van a depender de cada provincia según cuáles son las iniciativas para abordar estas situaciones. Para el período después de los seis meses hay otros programas, como el Potenciar Trabajo. Estamos trabajando también con el Ministerio de Desarrollo Social para que el pase del Acompañar al Potenciar sea lo más integrado y rápido posible, que pueda tener un pase directo y no se quede sin recibir ayuda económica. El desafío es pensar alguna salida estratégica que tenga que ver con garantizar el acceso a otros derechos para que pueda rehacer su vida con otros paradigmas, de libertad y derechos.

¿Cuál es la importancia de que el Acompañar sea una política de transferencia directa de dinero y cómo puede ayudar a las personas en situación de violencia de género?


—Nosotras, que trabajamos mucho tiempo en el acompañamiento de personas en situación de violencia de género, tanto mujeres como del universo LGBTIQ+ , sabemos que lo económico es un escollo. Ahora hay un Estado nacional que acompaña económicamente, pero también los estados provinciales tienen el fuerte compromiso de brindar el acompañamiento para que salga de esa situación. El objetivo del programa es que se reduzcan los casos de violencia, los femicidios, los transfemicidios, y que estas personas sepan que tienen un Estado que las acompaña.

¿Por qué decidieron que la prestación sea equivalente a un salario mínimo? ¿Qué podrá lograr la persona beneficiaria con ese dinero?


—Siempre decimos que cada caso necesita una respuesta individual y estratégica. Es muy difícil que los casos se repitan. El ingreso está destinado a cubrir los gastos esenciales de organización y desarrollo del proyecto de vida autónomo libre de violencias. Quizás sea mudarse, quizás sea viajar a un lugar donde esté su familia y su red, quizás es migrante y está en un lugar donde no conoce a nadie, quizás sea comenzar un microemprendimiento. Tenemos distintas expectativas y distintas respuestas, porque las situaciones varían según la persona: si tiene hijos o no, si está sola, si tiene algún empleo no registrado.

En el Presupuesto 2021 figura que va a alcanzar a unas 92 mil personas. ¿Cómo surge ese dato?


—Es todo estimativo, porque si una persona ingresa al programa y a los dos meses encuentra un trabajo registrado, se produce la baja del programa, por ejemplo. Casi todo el presupuesto del MMGyD va ser destinado a sostener el Acompañar. Eso es, antes que nada, un compromiso político con las mujeres y las diversidades. Esta primera etapa de implementación nos va a dar un parámetro de cómo es la situación. El registro del sistema integrado de violencia por motivos de género nos va a dar un número de cómo está la situación en el país. La deuda que tenemos con el registro es muy grande.

¿Por qué la falta de registros es un problema?


—La ley 26.485 plantea en uno de sus artículos la necesidad de tener números sobre esta problemática, porque a partir del número se puede pensar la política pública. No tenemos cifras contundentes a nivel nacional. Hicimos un relevamiento de las áreas de Mujer y Diversidad a nivel nacional y sólo 30% de los distritos las tienen en todo el país. Ese 70% que falta no tiene números. Te enterás de los femicidios por los diarios, algunas veces, los que salen.

¿En caso de que se supere el número de solicitudes esperadas, se haría una ampliación del presupuesto, teniendo en cuenta que la mayor parte del dinero va a ser destinado a políticas sociales?


Pasó con el IFE: el Gobierno pensaba que iba a tener determinada cantidad de gente, y al otro mes se dio cuenta de que la cifra se triplicó o cuadruplicó. Superó todas las expectativas. El Presupuesto 2021 es feminista, por primera vez tenemos un presupuesto con perspectiva de género. Yo supongo que si se supera la cantidad de solicitantes el Gobierno accederá, por sensibilidad, a lo que genere la puesta en marcha de este programa y se harán los ajustes necesarios. Todo va tendiendo a que, de una manera u otra, esta situación se pueda normalizar, entonces los ATP con los que el Gobierno están ayudando a pagar los sueldos de las empresas para que no se generen más desempleados, y desde otros programas apunta a contener, como los destinados a la construcción de viviendas, para que las personas que cobran el Potenciar así como las que cobren el Acompañar puedan acceder al empleo registrado y de calidad, y a partir de eso puedan tener una vida autónoma.

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Martina Jaureguy

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