Argentina fue el país en el que más cayó el precio relativo de la vivienda y sus servicios entre mitad del 2019 y septiembre del 2021. El congelamiento tarifario fue la clave en ese sentido, ya que en los tres años previos, por el contrario, había liderado a nivel global como el país con mayores incrementos. Sin embargo, en lo que va del año, esa contracción no alcanzó para moderar la dinámica inflacionaria. Desde el Gobierno reconocen que la cuestión tarifas está dentro de los puntos que ya se discuten en la negociación con el FMI y adelantaron que se avanzará con una segmentación. En términos fiscales, se trata de un gasto regresivo.

Lo reconocen fuentes del equipo económico de Gobierno: en las negociaciones con el FMI hay discusión sobre el crecimiento, con un Fondo que ataca el 4% al que se apunta en el 2022 y propone uno de 2,5%; y también hay debate sobre el déficit fiscal, con las tarifas energéticas como clave. Afuera de la negociación está quedando, sostienen, la posibilidad de un cambio de normativa cambiaria que fuerce una devaluación.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) señaló que, entre julio del 2019 y septiembre del 2021, la caída del precio relativo Vivienda, agua, electricidad y gas, medido por el Indec, fue de 32,3% y de esa forma se erigió como la mayor contracción a nivel mundial para ese período. En segundo puesto apareció Arabia Saudita con una baja de 9,4%. La dinámica fue la contraria a la ocurrida entre diciembre de 2016 y julio del 2019, ya que el país fue el de mayor suba a nivel global en aquel momento, con una de 24,6%.

La baja en ese precio relativo fue, también, a nivel interno y no terminó teniendo el impacto deseado en la inflación general, tal como sucedió con el dólar. Vivienda, agua, electricidad y gas fue el rubro con menores subas a lo largo de todo el último año, con un alza de 29,8%. Sin embargo, la utilización del tipo de cambio y de las tarifas como anclas no evitó que los precios al consumidor se dispararan por sobre al 52% interanual.

Lo destaco el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (Ocepp): “Queda claro que se ha tomado la decisión de establecer como ancla inflacionaria las tarifas del sector público, complementando las medidas mencionadas previamente. Se trata de una herramienta que ya ha sido utilizada en tiempos precedentes, pero que pareciera haber perdido eficacia en el contexto actual, al igual que la estabilidad del tipo de cambio oficial”.

El secretario de Energía, Darío Martínez, ya anunció que el año que viene se avanzará con la segmentación de los subsidios, lo que implicará mayores aumentos para los hogares que pueden afrontar los costos de las tarifas. Hasta acá, las principales críticas al esquema, que logró abaratar los gastos de las familias de manera plana, a veces generando gasto fiscal por hogares de ingresos altos, fue justamente su carácter regresivo.

En ese sentido, desde el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) destacaron que en 2021 hubo ajustes fiscales dispares: por un lado, se achicó un poco el gasto en jubilaciones, que es más progresivo, pero por otro, creció mucho el de los subsidios energéticos. En términos del PBI, entre enero y el mencionado septiembre del 2021, y en comparación con el mismo período del 2019 (dejando de lado al 2020 por su carácter extraordinario), el gasto en jubilaciones pasó de 5,4% al 5,3%. En cambio, los subsidios económicos saltaron de 1,1% a 2,1% en esos dos años.

Y señalaron: “No todo incremento del gasto tiene el mismo impacto en la actividad económica y es probable que una parte importante de esos subsidios vayan a sectores que no lo necesitan”.

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