Las cámaras de Comercio (CAC) y de la Construcción (Camarco) salieron a marcar posición respecto a la intervención de Vicentin, con un pedido de respeto a los procedimientos legales tal como figuran en la Constitución Nacional, y con un "pago acorde".

En una carta difundida hoy, la Camarco le solicitó al presidente Alberto Fernández que se apegue a la normativa vigente.

"El Estado debe actuar con el único objetivo del bien nacional, y, aun en la emergencia, con pleno apego a la Constitución y las leyes; en particular, respetando el derecho de propiedad y la iniciativa y actividad privada", evaluó la entidad que nuclea a las principales constructoras del país.

"Deben cumplirse, con pleno cuidado, los procedimientos elegidos para las medidas de excepción, con respeto a las normas y a las funciones de cada uno de los poderes de la República", planteó la cámara.

De esta manera, evitó hacer una crítica a la decisión, en una postura similar a la que tomó la Unión Industrial Argentina ( UIA), que reclamó por "la necesidad de garantizar el efectivo respeto al principio de legalidad".

Al mismo tiempo, la CAC alertó que la intervención "debe ser una medida excepcional y ajustada a lo que establece la Constitución Nacional: fundarse en utilidad pública y estar calificada por ley y previamente indemnizada, lo que supone una tasación adecuada y un pago acorde".

Con una mirada más crítica sobre la medida del Gobierno, el sector mercantil consideró que "la intervención de una empresa que se encuentra en trámite concursal implica un procedimiento anómalo -genera un conflicto con la normativa existente y con la jurisdicción del juez concursal- que es probable que provoque litigiosidad que afecte a las arcas públicas y el funcionamiento de la empresa".

"El proceso de expropiación basado en una causal de utilidad pública requiere que se verifiquen elementos que en el caso no se consideran reunidos, aplicando a una situación de crisis empresaria que tienen una regulación legal de fondo una medida excepcional que no se ajusta a la manda constitucional, argumentó la patronal de Comercio.

En ese sentido, la entidad explicó que "la expropiación anunciada, no favorece a la empresa en cuestión (que tiene en el proceso judicial el mecanismo para la solución de sus problemas y en las instituciones vigentes instrumentos varios para mejorar su condición financiera, productiva y comercial) ni resulta positiva para sus clientes, proveedores y trabajadores, como así tampoco para el conjunto de la economía nacional".

Hasta ahora, del "grupo de los 6" que conforman la CAC, Camarco, la UIA, la Sociedad Rural, la Bolsa porteña, y Adeba (bancos nacionales), sólo se posicionaron las primeras cuatro, con un claro rechazo de la SRA, mientras que el sector constructor e industrial evitaron confrontar de forma directa con el Ejecutivo