La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha una nueva etapa de fiscalización sobre los contribuyentes adheridos al Monotributo luego de finalizar el último período de recategorización. El objetivo es detectar posibles inconsistencias entre los ingresos declarados y el nivel real de actividad económica de cada pequeño contribuyente.

Cuando el organismo detecta que una persona debería estar inscripta en una categoría superior o que omitió actualizar su situación fiscal, puede aplicar una recategorización de oficio, un procedimiento que modifica automáticamente la categoría asignada y obliga a regularizar las diferencias adeudadas.

Para determinar si existen irregularidades, ARCA realiza cruces de información provenientes de distintas fuentes. Entre los datos que analiza figuran las acreditaciones bancarias, movimientos en billeteras virtuales, facturación electrónica, gastos operativos vinculados a la actividad, consumos con tarjetas e incluso información sobre alquileres y bienes registrados.

Si de esos controles surge que el volumen de gastos o movimientos económicos supera los límites permitidos para la categoría declarada, el organismo puede presumir ingresos superiores y reubicar al contribuyente en una escala más alta o, en los casos más graves, excluirlo del régimen simplificado.

La recategorización de oficio no sólo implica pagar una cuota mensual más elevada. También puede generar multas de hasta el 50% del impuesto integrado y de los aportes previsionales que deberían haberse abonado según la categoría correcta. Además, ARCA reclama las diferencias retroactivas correspondientes, junto con los intereses acumulados.

Las notificaciones se realizan a través del Domicilio Fiscal Electrónico. Quienes no estén de acuerdo con la medida cuentan con un plazo de 15 días hábiles para presentar una apelación mediante el servicio de Presentaciones Digitales y aportar documentación que respalde su situación fiscal.