La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzará a investigar a personas y empresas que realicen movimientos de dinero por encima de ciertos límites, con el objetivo de garantizar la trazabilidad de los fondos.

A partir de qué monto investigan las transferencias

Según la resolución oficial, las transferencias y acreditaciones estarán bajo la lupa cuando superen los $50.000.000 en el caso de personas físicas y $30.000.000 para jurídicas. Estas operaciones serán informadas automáticamente por bancos y billeteras virtuales, sin necesidad de denuncia previa.

Límites para extracciones y saldos

No solo las transferencias quedarán sujetas a fiscalización. También se establecieron nuevos topes para otras operaciones:

• Extracciones en efectivo: hasta $10.000.000.
• Saldos bancarios al cierre de mes: $50.000.000 para particulares y $30.000.000 para empresas.
  De esta manera, quienes mantengan fondos por encima de esos montos deberán estar preparados para justificar su origen.

Plazos fijos y sociedades de bolsa

Los instrumentos de inversión también entran en la mira de ARCA. Se podrán constituir plazos fijos de hasta $100.000.000 en personas físicas y $30.000.000 en jurídicas sin obligación de informar. Asimismo, las tenencias en sociedades de bolsa tendrán un límite de $100.000.000 para individuos antes de activar un requerimiento del organismo.

Compras y pagos de gran volumen

En el caso de consumos, se estableció un máximo de $10.000.000 en compras como consumidor final sin necesidad de presentar documentación adicional. Los pagos, en cambio, tendrán un tope de $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas, lo que implica que cualquier movimiento superior podría derivar en un pedido de justificación.

Qué pasa si se superan los topes

Cuando un contribuyente exceda los límites, los bancos y billeteras virtuales deberán reportar la operación a ARCA. El organismo podrá entonces requerir comprobantes como recibos de sueldo, declaraciones juradas, facturas o transferencias anteriores. En caso de no poder justificar el origen del dinero, se arriesgan sanciones económicas e incluso el bloqueo temporal de las cuentas.