La posible sanción de una ley que disponga el cierre de la Administración Pública Nacional si se agotan los créditos presupuestarios, a la manera del shutdown que se aplica en Estados Unidos, abre por el momento más dudas que certezas en torno a su efectiva aplicación, en un país en el que las ampliaciones presupuestarias por medidas del Poder Ejecutivo han sido más una regla que una excepción.

"Estamos trabajando en el armado del shutdown del Poder Ejecutivo, de la política. Cuando te agotás el Presupuesto, no se puede gastar más y se apaga el Estado", anunció días atrás el presidente Javier Milei, sin que por el momento se hayan dado a conocer avances en la elaboración del proyecto de ley que se giraría al Congreso.

Diferentes especialistas en técnica presupuestaria consultados por BAE Negocios prefirieron por el momento no abrir juicio sobre una inciativa que -en caso de plasmarse- aún se desconoce si tendrá un alcance similar a la normativa estadounidense, aunque admitieron que, por lo menos, requeriría de la modificación de artículos de dos leyes vigentes.

Los cambios legales

 Uno de esos artículos es el 27 de la ley 24.156 de Administración Financiera, que habilita la prórroga del Presupuesto del año anterior "si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado", con algunas especificaciones (por ejemplo, los ingresos y gastos que por su naturaleza no pueden repetirse).

El otro es el artículo 56 de la ley 25.725, que faculta al Jefe de Gabinete a adecuar el Presupuesto "a los efectos de incorporar las partidas presupuestarias ejecutadas durante el período en que haya regido la prórroga aquí prevista, sin exceder el total de créditos aprobado por la Ley de Presupuesto del año correspondiente".

Otros interrogantes

Pero al margen de las normas sujetas a modificaciones, los especialistas plantearon otros interrogantes:

• El shutdown de Estados Unidos deja fuera del cierre determinados gastos que hacen al funcionamiento de escuelas y hospitales públicos nacionales, así como el pago de jubilaciones y pensiones. Este último punto es crucial en la Argentina no solo para la subsistencia de cerca de ocho millones de beneficiarios y sus familias, sino para el propio Estado, ya que el gasto previsional insume cerca del 55% del Presupuesto. Por su incidencia fiscal, mucho mayor que en Estados Unidos, si se lo excluye del shutdown, se relativiza el impacto buscado por el gobierno con la eventual nueva ley. 

• Las prácticas legislativas son diferentes, con un Congreso estadounidense compuesto hace más de un siglo por los mismos dos partidos y uno en Argentina fragmentado en diferentes bloques que obliga a extender las negociaciones para la sanción de un nuevo Presupuesto.
• La ley de Presupuesto en Estados Unidos entra en vigencia el 1° de julio y en la Argentina el 1° de enero. Es decir que una nueva administración norteamericana cuenta con el tiempo suficiente para asumir el 20 de enero con negociaciones ya avanzadas sobre posibles modificaciones por ley. Por el contrario, un flamante presidente argentino dispone solo de tres semanas, a contar desde su asunción el 10 de diciembre.
• Muchas funciones que en la Argentina están en cabeza del gobiernpo nacional, en Estados Unidos son cumplidas por las administraciones estaduales, con una mayor solvencia financiera y autonomía fiscal que las provincias y municipios de nuestro país.
• Por último, el cerrojo constitucional. Si se elimina la opción de prórroga del Poder Ejecutivo, una eventual parálisis administrativa sólo podría subsanarse con una nueva ley de Presupuesto, ya que la Constitución no habilita expresamente el dictado de Decretos de Necesidas y Urgencia para esta materia.

Historias diferentes

Más allá de la atención puesta por Milei en asegurar el equilibrio fiscal, la historia reciente de la Argentina fue en la dirección contraria, cualquiera haya sido el signo político del Gobierno de turno, al punto de acumularse en poco más de tres décadas el equivalente a siete "presupuestos fantasmas" por sucesivas ampliaciones de gastos dispuestas por medidas del Poder Ejecutivo (DNUs o decisiones administrativas).

El único año en el que se redujo el gasto por decisiones del PEN fue 2001, cuando se aplicó un recorte del 0,3%, circunstancia que podría repetirse en 2026, ya que a mayo se computa una reducción del 1,8%, según informes de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

En cuanto a las prórrogas, las leyes de Presupuesto cuya vigencia fue extendida hasta el año siguiente por decretos del Poder Ejecutivo fueron las de 2010, 2019, 2021 y, en dos ocasiones, 2023.

El shutdown en Estados Unidos se remonta a la sanción de la Antideficiency Act de 1870, aunque su aplicación en los hechos se demoró más de un siglo, ya que el primer cierre de la administración fue el 1976 y duró 10 días.

El último cierre fue el más prolongado, se extendió por 43 días, entre el 1° de octubre y el 12 de noviembre de 2025.