El Estado Nacional formalizó su desvinculación de la conducción de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), que de esta forma pasa a contar con una composición accionaria mayoritaria de la provincia de Catamarca y minoritaria de la Universidad Nacional de Tucumán, respectivamente con el 60% y el 40%.

La medida se plasmó en el primer Decreto de Necesidad y Urgencia del año, el 2/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, en cumplimiento del acuerdo modificatorio del “Acta del Farallón Negro” firmado el 15 de diciembre de 2025 por el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, el rector de la Universidad de Tucumán, Sergio Pagani, y el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González.

"El regreso de YMAD a Catamarca es la concreción de un reclamo histórico que comenzó a materializarse a partir del diálogo institucional sostenido entre Catamarca y el Estado nacional", manifestó Jalil, como corolario del reclamo de la provincia, que ya había suscripto un entendimiento con la Nación en diciembre de 2024.

 

Más de un siglo de historia

 

Las primeras exploraciones de la meseta de Agua de Dionisio o Campo del Arenal de remontan a 1920, aunque el inicio de la participación del Estado nacional en YMAD data del 7 de junio de 1958, con la firma del “Acta del Farallón Negro” con Catamarca y la Universidad de Tucumán.

En esa oportunidad, se sentaron las bases para la sanción al año siguiente de la ley 14.771, por la que se crea el ente para “realizar el cateo, exploración y explotación de los minerales de cualquier categoría existentes en la zona minera de Agua de Dionisio”, ubicada en el distrito de Hualfín del departamento catamarqueño de Belén.

Entre los objetivos de YMAD también si incluyeron “la comercialización e industrialización de sus productos y la realización de cualquier otra actividad o explotación vinculada a su objeto principal”, se indicó en la ley.

 

Aportes sin utilidades

 

El Poder Ejecutivo Nacional ejercía la Presidencia de la entidad y si bien realizó un aporte de capital de $7.265.302 “no participa en la distribución de las utilidades que arrojan los balances”, que se distribuyen en un 60% para Catamarca y un 40% para la casa de altos estudios tucumana,  se señaló en los considerandos del DNU.

Asimismo, la Procuración del Tesoro de la Nación, indicó que YMAD es una “persona jurídica que, en principio, no integra la Administración Pública Nacional ni tampoco le son aplicables las leyes nacionales en materia de empresas del Estado”.

"Dicha empresa constituye una persona jurídica de carácter interjurisdiccional o interestadual cuya actividad no autoriza, en principio, el ejercicio de un control de legitimidad por parte del Poder Ejecutivo”, dictaminó.

 

 

“Ordenar las cuentas”

 

El Gobierno remarcó que “desde el inicio de su gestión” dispuso “distintas medidas tendientes a ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr que los recursos disponibles se dirijan a quienes más lo necesitan”.

En ese sentido, advirtió que como el marco normativo vigente prevé la posibilidad de que YMAD reciba contribuciones del Estado, eso implica “un potencial compromiso financiero por parte del Tesoro” que “resulta incompatible con los objetivos de reducción del déficit fiscal de la actual Administración, toda vez que mantiene vigente la posibilidad de transferencias de recursos públicos a una entidad en la cual ya no resulta justificada la intervención del Estado Nacional”.

“En consecuencia, se torna innecesario que el Poder Ejecutivo Nacional continúe ejerciendo la facultad de designar al presidente de YMAD o que mantenga su participación en la gestión y funcionamiento del referido ente”, completó.