La reducción de los gastos en subsidios a sectores económicos, empresas públicas y los pocos fondos fiduciarios que subsisten fue desde el principio de la Presidencia de Javier Milei uno de los ejes principales del ajuste del Sector Público, en lo que se conoce popularmente como motosierra, al punto de haber experimentado un recorte mayor al resto de los rubros en la primera mitad de su mandato.

 Los subsidios de los primeros once meses del año pasado ascendieron a $6,5 billones, una suma que si bien sigue siendo considerable a la hora de evaluar el gasto total tuvo una significativa caída en términos reales, con la contrapartida de un incremento en las tarifas de los servicios públicos que más que duplicó en dos años los aumentos de los precios de los bienes.

 Esa suma representa un recorte nominal del 13,8% respecto de los $7,5 billones destinados entre enero y noviembre de 2024, que llega al 40% si se lo ajusta por inflación.

 Pero si se toma como base de comparación el mismo período de 2023 -el último previo a la asunción de la gestión libertaria- la reducción real llega al 62%, un recorte que no guarda relación con ningún otro dentro de la Administración Pública Nacional.

El detalle de noviembre y de 2025

De acuerdo con el informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la caída en los primeros once meses de 2025 se centró en el sector energético, que con $4,5 billones siguió concentrado el grueso de las transferencias, con una baja del 42,8% a valores constantes, mucho más que la registrada por el sector Transporte (-25,7% real), al que se destinaron $1,8 billón.

El desempeño fue inverso en el caso específico de noviembre, aunque eso se debió a la baja base de comparación, ya que en el mismo mes del año pasado no se habían computado subsidios a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), la principal receptora de esas transferencias.

La baja general real de noviembre fue del 6,2%, motorizada por la reducción interanual del 57,4% en Transporte, frente al alza del 20,9% en Energía.

Energía y Transporte

Los subsidios energéticos totalizaron $513.158 millones, con una mayor asistencia a Cammesa (+51,5%), así como transferencias a Enarsa por $54.000 millones, en contraste con igual mes de 2024, cuando dichas transferencias habían sido nulas.

Por su parte, los derivados a Transporte alcanzaron una ejecución de $78.347 millones en noviembre, con una caída interanual del 57,4% explicada principalmente por el desempeño del subsector ferroviario, dado que las empresas Belgrano Cargas y Logística y Administración de Infraestructuras Ferroviarias recibieron transferencias significativamente inferiores a las observadas en igual mes de 2024, con caídas del 83,4% y 63,9%, respectivamente. 

Asimismo, Desarrollo de Capital Humano Ferroviario, Operador Ferroviario y Ferrocarriles Argentinos no registraron transferencias de fondos.

 Al igual que a lo largo de todo el año, en noviembre no se registraron aportes al transporte aerocomercial y en todo 2025 AySA y Correo Argentino no percibieron subsidios del Estado nacional.

Qué se espera para 2026

Aunque aún resta la publicación de la Decisión Administrativa que especifique la distribución de los créditos autorizados en la ley de Presupuesto 27.798, el total de subsidios previsto para 2026 ascendería a $6.240.752 millones, con una disminución en términos reales del 9,9%, pero ese ajuste podría ser mayor en función de las necesidades fiscales que surjan a lo largo del año.

Debe tenerse en cuenta que las variaciones están sujetas a una inflación estimada en 10,1% para todo el año, un porcentaje que la mayoría de los analistas económicos cree que no se cumplirá y, en consecuencia, alterará la evolución de todas las variables del Presupuesto.

Asimismo, la ley fue elaborada antes de que se presentara el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), a lo que debe agregarse las concesiones que debió aceptar el oficialismo para que el Presupuesto sea sancionado por el Congreso, en especial en lo que respecta a la Emergencia por Discapacidad y el Financiamiento Universitario.

 Todas esas circunstancias obligarían a una reasignación de gastos -algo que habitualmente el Poder Ejecutivo realiza a través de DNUs y decisiones administrativas- y en ese punto los subsidios son el flanco más fácil de atacar para el Gobierno, ya que en los hechos su recorte no implica cierres de organismos ni despido de personal, sino un aumento de tarifas para los usuarios.