El Gobierno dio un paso clave en el proceso de privatización de rutas nacionales y autopistas al abrir este martes por la noche las ofertas económicas presentadas por las constructoras interesadas en quedarse con la concesión de corredores estratégicos en las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

La licitación corresponde a la Etapa II - A de la Red Federal de Concesiones, e incluye el mantenimiento y operación de un total de 1.871 kilómetros de caminos, entre rutas nacionales y autopistas de acceso al Área Metropolitana.

La apertura de sobres se realizó a través de la plataforma oficial Contrat.Ar, donde quedaron registradas las propuestas presentadas y los valores de peaje ofrecidos por cada consorcio.

Según la información publicada, el proceso dejó como mejor posicionados a dos grupos empresariales, que presentaron las tarifas más bajas en cada tramo y ahora deberán esperar la evaluación técnica final antes de que el Gobierno adjudique formalmente los contratos.

Las rutas incluidas en la licitación

La concesión puesta en juego abarca corredores de alta circulación, tanto para transporte de carga como para tránsito interurbano.

En particular, se licitaron:

Las rutas nacionales 3, 5, 205 y 226, además de las autopistas Ricchieri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas, que son accesos clave hacia el aeropuerto internacional y el conurbano sur.

El esquema prevé que las empresas concesionarias se hagan cargo del mantenimiento, mejoras básicas y gestión del sistema de peajes.

El consorcio que ofreció el peaje más barato en el tramo más grande

De acuerdo con lo publicado en Contrat.Ar, el tramo más extenso es el de 1.325 kilómetros, que incluye autopistas y rutas desde la Avenida General Paz, el corredor de la Ruta 3 hasta Bahía Blanca, la Ruta 205 hasta Bolívar y la Ruta 226 hasta Mar del Plata.

En ese paquete, el consorcio integrado por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco presentó la oferta económica más baja: $997 más IVA como tarifa de peaje.

La propuesta dejó atrás a varios competidores históricos del negocio vial y posicionó al grupo como el principal candidato a quedarse con el corredor.

Ruta 5: el tramo hacia La Pampa también tuvo ganador definido

En el segundo tramo licitado, que contempla 546 kilómetros de la Ruta 5, desde Luján hasta Santa Rosa (La Pampa), la oferta más económica fue presentada por Construcciones Electromecánicas del Oeste (CEOSA).

En este caso, la tarifa propuesta fue de $2.355,37 más IVA.

Quiénes son las empresas que quedaron primeras

Las empresas que lideraron las ofertas no son desconocidas en el sector, aunque varias tienen perfiles distintos dentro del negocio de la obra pública y la infraestructura.

Concret Nor pertenece a Sebastián Galluzzo, empresario vinculado a obras de infraestructura, entre ellas desarrollos relacionados con papeleras en Uruguay.

Marcalba, con historial de trabajos de reparación de veredas y obras en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, pertenece a la familia Andrenacci y al empresario Alejandro Radetic, conocido por su estilo ostentoso.

Pose, propiedad de Gustavo Etchanchu y David Serna, es una de las compañías con fuerte presencia en obras provinciales y municipales.

Coarco, controlada por Patricio Gerbi, tiene antecedentes en contratos viales y participación en obras durante la etapa kirchnerista.

En el caso de la Ruta 5, la ganadora fue CEOSA, empresa de Fernando Porreta, quien además es presidente del club Gimnasia y Esgrima de Mendoza, recientemente ascendido a Primera División.

Las constructoras históricas que quedaron detrás

La apertura de sobres mostró también que varios jugadores tradicionales del rubro quedaron superados en las propuestas económicas.

Entre ellos aparecen grupos como:

Roggio, dueños de Metrovías y con participación histórica en el subte porteño; Panedile, ligada a Hugo Dragonetti; y el empresario Cristóbal López, que también figura en el mapa de compañías vinculadas a concesiones y servicios.

Las impugnaciones: Kicillof y la exclusión de AUBASA

Uno de los focos políticos del proceso estuvo en la participación del gobierno bonaerense.

La administración de Axel Kicillof intentó intervenir en la licitación a través de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA), pero terminó siendo descalificada.

Según se indicó, desde la provincia denunciaron además que su oferta económica se habría filtrado antes de tiempo, un punto que generó tensión con Nación en plena discusión por infraestructura y financiamiento.

Sacde, afuera por solvencia y sin impugnación

Otra exclusión relevante fue la de Sacde, la constructora vinculada a la familia Mindlin, con buena relación con el gobierno de Javier Milei.

La razón que trascendió para su descalificación fue la falta de solvencia financiera, pese a que la firma cuenta con antecedentes recientes en obras energéticas de alta magnitud, como el exgasoducto Néstor Kirchner y el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, donde trabajó junto a Techint.

Sin embargo, Sacde optó por no impugnar el proceso y aceptó quedar afuera sin confrontación pública.

Qué viene ahora: más kilómetros y nuevas licitaciones

Mientras el Gobierno analiza las ofertas de la Etapa II - A, el cronograma de privatización vial continúa.

A través de Contrat.Ar ya se están gestionando también:

La Etapa II - B y la Etapa III, que en conjunto incluyen más de 6.475 kilómetros adicionales de rutas nacionales.

Las ofertas para esos tramos deberán presentarse el 11 y el 22 de mayo, respectivamente.

En todos los casos, el esquema oficial establece que ganarán las empresas que propongan los peajes más baratos y se comprometan a una inversión inicial en mantenimiento, en un contexto donde el Gobierno mantiene congelada la obra pública directa.

Un plan más amplio: 9.000 kilómetros en privatización y peajes provinciales

El proceso se inscribe en una estrategia más ambiciosa del Ejecutivo: reorganizar el sistema vial nacional sin inversión estatal directa.

Argentina cuenta con unos 40.000 kilómetros de rutas nacionales. De ese total, 10.000 ya estaban concesionados y el Gobierno avanza ahora para privatizar otros 9.000 kilómetros.

Para el resto de los caminos que quedan fuera del esquema, el Ejecutivo autorizó recientemente a nueve gobernadores aliados a implementar sistemas de peajes propios para sostener la infraestructura, luego de dos años sin ejecución de obra pública nacional en rutas.

Con la apertura de sobres ya realizada, la privatización entra ahora en su fase decisiva: la adjudicación final, que definirá quiénes se quedarán con los principales corredores viales del país y qué tarifas se aplicarán en los peajes.