El Gobierno dio un paso clave en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) al aprobar el modelo de contrato que regirá la futura concesión del servicio de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La medida quedó formalizada este martes a través de la Resolución 543/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. Con esta decisión, la administración de Javier Milei avanza en la privatización total de la compañía encargada de brindar el servicio en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.

El texto oficial aprueba el modelo de "Contrato de Concesión entre el Estado Nacional y AySA", que será firmado por la cartera económica en representación del Estado. La iniciativa se encuadra en la Ley 27.742, que declaró a la empresa sujeta a privatización, y en el Decreto 494/2025, que habilitó la venta de su paquete accionario.

Según el esquema previsto, al menos el 51% de las acciones será transferido a un operador estratégico mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional. El porcentaje restante podrá colocarse en bolsas y mercados locales.

Si bien se mantiene el formato de concesión vigente, el contrato introduce cambios estructurales en la organización del servicio. El objetivo, según detalla la resolución, es ordenar el marco regulatorio y aportar mayor previsibilidad al sistema. En ese sentido, se establecen con precisión las responsabilidades y derechos tanto del Estado como del futuro concesionario.

La normativa también dispone que la empresa deberá cumplir con el "Plan de Acción de Transición 2024-2026", previamente aprobado por la Secretaría de Obras Públicas. A su vez, esas metas deberán incorporarse al primer ciclo tarifario bajo la nueva gestión, que abarcará el período 2027-2031.

En el articulado, la resolución establece: "Apruébase el modelo de ‘Contrato de Concesión entre el Estado Nacional y la Empresa Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA)' (...) para la provisión del servicio público de agua potable y recolección de desagües cloacales", en línea con el marco regulatorio fijado por la Ley 26.221 y sus modificatorias.

Desde el Ejecutivo subrayaron que el proceso de privatización no debe interrumpir la prestación del servicio y remarcaron que la licitación se llevará adelante bajo criterios de "transparencia, competencia, eficiencia y máxima concurrencia".

La resolución lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, y rige desde el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial.