Con la inflación de 50, 9% en el 2021 de arrastre, el mercado inmobiliario atraviesa una crisis en varios aspectos. El costo del alquiler, sin un índice preciso de precios a nivel nacional, según los organismos que nuclean a inquilinos suben de forma semestral y sin techo y, si bien el precio de las propiedades en el último año fue a la baja, esto no se vio reflejado en la renta.

Según el relevamiento sobre el precio de las propiedades y los alquileres realizado por la Universidad de San Andrés y Mercado Libre, en diciembre del 2021, en AMBA, el precio de venta en dólares por metro cuadrado de casas cayó un 0.6%, respecto a noviembre del mismo año, y el de departamentos cayó un 0.5%.

Esta problemática afecta en el país al menos a 3 millones de hogares. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires, alquila más del 34 por ciento de los habitantes, de acuerdo a los datos del 2020 de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad. 

La preocupación en el  segmento de inquilinos se incrementó tras el anuncio oficial sobre la  aplicación de una segmentación de tarifas de los servicios en Capital Federal y en el conurbano, que afectará al menos a 500 mil usuarios inquilinos del AMBA. La medida apunta al universo de propietarios para determinar las quitas de subsidios para casos de mayor poder económico e impactará en el costo de los servicios cuando alquila la propiedad.

El plan del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), en conjunto y coordinación con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), estará direccionado a unos 68 mil propietarios de Vicente López y San Isidro, otros 48 mil divididos en casi 500 countries y 372 mil propietarios de Puerto Madero; Recoleta; Palermo; Belgrano; Núñez; Colegiales; Villa Urquiza; Retiro; Saavedra; Villa Devoto y Caballito.

El presidente de la asociación de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, opinó en diálogo con BAE Negocios que “la crisis de vivienda se expresa por la imposibilidad de pagar los alquileres cada vez más altos”. Afirmó que no existe un precio promedio porque el Estado no interviene en el sector “como lo hace con el precio en el resto de la economía”.

“La verdad es que para saber los precios de los alquileres es prácticamente imposible, hay un problema importante que tiene que ver con que no hay una medición oficial”, consideró, en la previa de la decisión del Gobierno de involucrarse en la cuestión.

Al respecto indagó: “¿Por qué un monoambiente en Capital Federal está 25 mil o 30 mil pesos? Los precios de los alquileres nunca estuvieron tan altos en los últimos 100 años cómo están ahora”. Un informe realizado por la asociación sobre la evolución y participación del ingreso sobre el alquiler dio cuenta que, en 1975 era el 25% de un salario.

Según el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, en su informe mensual, la media de los monoambientes ofertados en Capital Federal es de $34.000. El Salario Mínimo Vital y Móvil, que el año pasado rondó los $32.000, cubre el 94,1% de un alquiler. Esto, sin sumar los gastos de expensas del edificio y los servicios básicos.

Por su parte, Marcos Bernal, abogado de Inquilinos Agrupados e integrante del Equipo de Abogados de la Federación de Inquilinos Nacional, consideró sobre la problemática: “La Federación sacó una encuesta sobre alquileres a nivel nacional y la última que realizamos mostró que, en el caso de la Capital Federal, la mayor parte de los inquilinos destina el 50% de sus ingresos para alquilar”.

“Dolarizaron el precio, entonces mensualmente el pago del alquiler varía de acuerdo al valor de su moneda y vemos que progresivamente el alquiler se va comiendo el salario de los trabajadores”, lamentó Andrés Bernal.

Por su lado, Muñoz coincidió que uno de los factores es que las viviendas “cotizan en dólares” y, por lo tanto, el mercado constantemente pretende una “rentabilidad en dólares”. Con una valoración de la moneda que constantemente tira hacia arriba, actualmente con un precio oficial de $110 pesos y $214 en su formato Blue, se traslada al precio que pagan los inquilinos.

Además, agregó que actualmente los emprendimientos inmobiliarios son direccionados para los sectores altos y enfatizó que “no se construye para que un trabajador tenga un lugar donde vivir con su familia, se construye en barrios para clases altas, se construyen edificios con piletas, gimnasios, algo a lo cual no va a poder acceder una familia que tiene el salario promedio de 40 mil pesos”.

El referente de la Federación de Inquilinos Nacional señaló: “Lo que nosotros vemos y entendemos es que la crisis de vivienda no es actual, pero se agudizó durante la pandemia y está directamente relacionada con el incumplimiento de la legislación en Argentina”.

“En los últimos dos años se avanzó como no sucedía desde 1983 en una legislación de alquileres qué, independientemente de la campaña en contra, vino a elevar el piso de los derechos de quienes alquilan y esa legislación, como consecuencia del incumplimiento masivo, determina que los inquilinos estén en condiciones peores de las estaban antes”, enfatizó Bernal.

El abogado explicó que, si la Ley de alquileres se cumpliese con un fuerte compromiso por parte del Estado nacional, Estados provincial y municipal, la situación de los inquilinos sería distinta“ aún a pesar de la crisis económica qué hay por el macrismo y la pandemia.

Según el letrado, la registración es “una obligación para el locador y un derecho para el inquilino”. La importancia, indicó, reside en establecer la única forma que tendría el Estado para saber qué sucede, generar estadísticas oficiales y desarrollar políticas oficiales representativas de las necesidades de los inquilinos. Muñoz, asimismo, lamentó que el Estado “no decide dónde se construye, para quién se construye y cómo se construye, es el mercado el que decide para quién se construyen viviendas”.

Se realizará basándose en la valuación inmobiliaria en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Es decir, las propiedades más costosas no tendrán subsidio estatal al considerar que están en condiciones de pagar la totalidad de la factura.

El presidente de Inquilinos Agrupados advirtió que van a ser un problema para los inquilinos. “Si no hacen una segmentación seria, hay inquilinos que le es muy difícil afrontar los gastos mensuales y hay propietarios que no quieren que pongan los servicios a nombre de quien alquila”, reconoció.

Inquilinos Agrupados advirtió que llevará un reclamo al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, conducido actualmente por Jorge Ferraresi, para que pueda se pueda demostrar la condición de alquiler sin poner el nombre a los servicios y con esa información se pueda llevar a cabo la segmentación.

Desde el Equipo de Abogados asumieron que el objetivo es que el Gobierno asuma el cumplimiento efectivo de la ley de alquileres.  Roberto Feletti,  secretario de Comercio Interior recibira este miércoles a los referentes del sector. “Manifestó su preocupación sobre el tema y sobre el incumplimiento, así que en términos de expectativas todo está puesto en el cumplimiento por parte del Estado Nacional de la legislación”, remarcó.

Frente al 2022, Gervasio Muñoz concluyó: “Se discute volver a no regular, no se discute lo que falta hacer en materia de regulación del mercado. Creo que muestra muy bien porque hay crisis habitacional, y es sencillamente porque hay sectores involucrados, como la clase política, los medios de comunicación, que apenas se empieza a transitar un camino de regulación del sector el contraataque es enorme”.