La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) emitió una comunicación interna mediante la cual estableció criterios operativos que deberán aplicar los inspectores antes de iniciar procedimientos de fiscalización vinculados con períodos fiscales anteriores a 2025.

La directiva forma parte de la implementación del Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias y apunta a evitar actuaciones que puedan resultar improcedentes para aquellos contribuyentes alcanzados por los beneficios previstos en la normativa vigente.

En concreto, el organismo instruyó a sus áreas de control a comprobar previamente si el contribuyente presentó el Formulario 2711 correspondiente al período fiscal base 2025 y cumplió con las obligaciones exigidas para adherir al régimen.

Cómo funciona el denominado "bloqueo fiscal"

La comunicación recuerda que el Capítulo III de la Ley 27.799 y el Decreto 93/2026 establecen un mecanismo de presunción de exactitud para quienes adhieran correctamente al régimen simplificado.

Este beneficio, conocido en el ámbito tributario como "blindaje fiscal" o "bloqueo fiscal", se activa cuando el contribuyente presenta en término la declaración jurada simplificada y realiza el pago correspondiente.

A partir de ese momento, la administración tributaria limita sus facultades de revisión sobre determinados períodos anteriores, salvo que existan situaciones excepcionales previstas por la ley.

El control previo será obligatorio

Según las nuevas pautas, los inspectores deberán verificar la existencia de la presentación del Formulario 2711 antes de avanzar con cualquier acción de control vinculada a ejercicios fiscales 2024 o anteriores.

La instrucción alcanza tanto a los casos generados mediante sistemas centralizados de fiscalización como a aquellos seleccionados por dependencias regionales o jurisdiccionales.

La revisión deberá efectuarse antes de notificar formalmente al contribuyente o emitir cargos relacionados con esos períodos.

Cuándo deberá archivarse una fiscalización

Uno de los puntos centrales de la directiva establece que, si se comprueba que el contribuyente presentó la declaración jurada simplificada correspondiente al período base 2025 y cumplió con el pago exigido por la normativa, la fiscalización deberá ser desestimada de manera inmediata.

Esto implica que las actuaciones iniciadas sobre ejercicios anteriores perderán sustento administrativo y deberán ser archivadas, salvo que existan circunstancias específicas que habiliten continuar con el procedimiento.

Las excepciones previstas por la ley

ARCA aclaró que el bloqueo fiscal no es absoluto.

La fiscalización podrá continuar únicamente cuando los organismos de control detecten una "discrepancia significativa" en los términos previstos por el artículo 40 de la Ley 27.799 o cuando existan elementos suficientes para encuadrar el caso dentro de alguna causal de exclusión establecida por la normativa.

En esos supuestos, los inspectores conservarán las facultades necesarias para profundizar la investigación y avanzar con los procedimientos correspondientes.

Por qué se exige una revisión manual

El organismo explicó que los sistemas de fiscalización centralizada ya cuentan con filtros automáticos para detectar a los contribuyentes adheridos al régimen.

Sin embargo, reconoció que pueden presentarse situaciones en las cuales la adhesión se haya concretado después de la generación automática de los cargos o de la selección del contribuyente para ser fiscalizado.

Por ese motivo, se estableció la obligación de realizar una comprobación manual adicional antes de iniciar cualquier actuación formal, evitando así errores administrativos y procedimientos innecesarios.

Qué implica para los contribuyentes y asesores

La nueva instrucción representa una herramienta de relevancia para contadores, asesores tributarios y contribuyentes adheridos al régimen simplificado.

En la práctica, quienes hayan presentado correctamente el Formulario 2711 correspondiente al período base 2025 y efectuado el pago exigido podrán invocar esa situación ante cualquier intento de fiscalización sobre períodos anteriores alcanzados por el beneficio.

De esta manera, la acreditación de la adhesión al régimen podría convertirse en un elemento decisivo para obtener el archivo de actuaciones administrativas y evitar revisiones que, bajo el nuevo esquema, quedarían limitadas por el denominado bloqueo fiscal.