El Poder Ejecutivo formalizó la convocatoria a un segundo período de sesiones extraordinarias del 2 al 27 de febrero, luego que haber conseguido en el primer llamado de diciembre la sanción de las leyes de Presupuesto y de Inocencia Fiscal.

El nuevo llamado también está dominado por una agenda económica, con tres de los cuatro puntos, como los tratamientos de los proyectos de ley de Modernización Laboral, Preservación de los Glaciares y Ambiente Periglacial y la aprobación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, suscripto el último sábado en Paraguay.

La temática está detallada en el anexo del decreto 24/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, en el que también se incluye la consideración de la designación como embajador ante el bloque regional europeo del exdiputado Fernando Iglesias, recientemente nombrado como representante ante Bélgica.

La agenda económica domina la convocatoria a sesiones extraordinarias, con la Modernización Laboral, la ley de Glaciares y el Acuerdo Mercosur-UE

Reforma laboral

La ley de reforma o modernización laboral es uno de los objetivos principales del Gobierno del presidente Javier Milei, quien concentra el grueso de los esfuerzos y negociaciones con legisladores y gobernadores para obtener su aprobación, luego de un primer intento en las extraordinarias de diciembre.

En ese marco, se prefirió dejar para otro momento las discusiones sobre la reforma impositiva y la de Compromiso Fiscal, que establece sanciones penales para los funcionarios (y en un principio también para legisladores) que avalaran resultados deficitarios en las cuentas públicas de la Administración Nacional.

La reforma laboral cuenta con el apoyo de las cámaras empresarias, en especial las nucleadas en el Grupo de los Seis (Unión Industrial Argentina, Cámara Argentina de Comercio, Cámara Argentina de la Construcción, Sociedad Rural Argentina, Asociación de Banco Argentinos y Bolsa de Comercio de Buenos Aires) y varias representativas de pymes.

Esas cámaras consideran que el esquema laboral vigente es la causa principal de la falta de generación de empleo genuino desde hace por lo menos quince años, además de representar un costo para las empresas que no se traduce en mejores ingresos netos para los trabajadores.

Por el contrario, desde la CGT y las CTA se sostiene que con esta iniciativa el Gobierno busca retacear un conjunto de derechos de los trabajadores y que la razón de la falta de creación de puestos de trabajo formales no pasa por la legislación laboral sino por la actividad económica en general.

Glaciares

El proyecto de ley de Glaciares enfrenta al Gobierno nacional y los provinciales con actividad minera por un lado y los sectores ambientalistas por el otro.

Uno de los defensores de la nueva ley que reemplace a la 26.639 de 2010 es el CEO de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), Alejandro Díaz, quien consideró a la normativa existente como "la gran barrera regulatoria" para el desarrollo de la minería, "junto con la normativa del ‘Compre local' de las provincias".

"El concepto periglaciárico de esa ley de hace varios años limita la exploración en zonas que claramente no son preglaciáricas desde el punto de vista de la minería; no estamos hablando de hacer una extracción en el Perito Moreno", aseguró Díaz a BAE Negocios, en ocasión de la tercera edición del AmCham Trade & Investment Conference.

Al respecto, muchos economistas advierten que la Argentina cuenta con un importante potencial minero, pero que en la actualidad muchas iniciativas están restringidas o condicionadas por una serie de regulaciones que limitan su desarrollo.

El sector minero es uno de los más elegidos entre los proyectos seleccionados para obtener los beneficios del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), con cuatro de las diez iniciativas ya aprobadas.

Unión Europea

El tercer punto de la convocatoria a extraordinarias apunta a la aprobación del proyecto de ley que formaliza el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la UE, suscripto el 17 de enero en Asunción.

La iniciativa es el resultado de negociaciones por más de 25 años entre los dos bloques y su aplicación se dará de manera paulatina, ya que muchos puntos requieren del aval legislativo de cada uno de los países que los integran.

En el Gobierno distinguen claramente entre los dos componentes del entendimiento con la Unión Europea. Por un lado, el capítulo comercial, que consideran con altas probabilidades de avanzar. Por otro, el acuerdo político y de asociación, cuyo recorrido aparece como mucho más complejo.

Para que la parte comercial entre en vigencia, se requiere la aprobación del Parlamento Europeo y de los congresos nacionales del Mercosur. Una vez cumplidos esos pasos, el acuerdo puede aplicarse de manera bilateral entre los países que ya lo hayan ratificado. Ese es el escenario que Milei pretende acelerar, comenzando por la Argentina.

El Congreso argentino deberá votar el texto tal como fue negociado, sin posibilidad de introducir modificaciones. En cambio, la dimensión política del acuerdo exige, además, el aval de los parlamentos de todos los países europeos, un trámite que en la Cancillería consideran lento y con chances reducidas de prosperar en el corto plazo.