Naranja Mandarina, una microempresa textil de Junín dedicada desde hace más de una década a la fabricación y venta de indumentaria infantil, atraviesa el momento más crítico de su historia.

Con apenas tres empleadas directas y una red de colaboradores externos, la firma enfrenta una sentencia de la justicia laboral bonaerense que, tras sucesivas actualizaciones, la condenó a pagar más de $190 millones y derivó en un embargo por $330 millones que paralizó por completo su operatoria.

Para sus dueños, el escenario es binario: o interviene la Suprema Corte de Justicia de la provincia antes de la feria judicial, o el cierre será inevitable.

 

Acorralados

La empresa pertenece en un 80% a Mariana Cademartori y en un 20% a Sebastián Martino. Ambos relatan que el conflicto se originó en 2021, cuando decidieron dar por terminada la relación comercial con un distribuidor que operaba en una zona específica del interior bonaerense.

Según explican, se trataba de un vínculo estrictamente comercial: el distribuidor compraba mercadería a crédito, fijaba sus propios precios y trabajaba en una zona que ya tenía asignada antes de comenzar a comercializar la marca.

Tras desacuerdos comerciales, el vínculo se rompió y el distribuidor se consideró despedido, presentó una demanda laboral y afirmó que en realidad era un trabajador en relación de dependencia.

 

Diferencia de fueros y el caso Barrios

La empresa sostuvo desde el inicio que el caso debía tramitarse en el fuero comercial, pero la justicia bonaerense lo encuadró como un conflicto laboral.

En junio de 2025, el Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín falló a favor del demandante, lo consideró “viajante de comercio” y fijó una indemnización de $14.041.707. Para Naranja Mandarina, el monto era elevado pero todavía abordable.

El punto de quiebre llegó con la aplicación del denominado fallo “Barrios”, un antecedente de la Suprema Corte bonaerense que se utiliza para actualizar créditos laborales y que es objeto de fuertes críticas en el ámbito empresario.

Con ese criterio, sumado a intereses y multas, la cifra se incrementó un 1.257% y trepó a $190.132.818, un monto completamente desproporcionado para una micropyme cuya facturación anual está muy por debajo de ese nivel.

La situación se agravó aún más por una particularidad del sistema judicial bonaerense: para recurrir a la Suprema Corte provincial, la empresa debe depositar previamente el monto total del fallo. Para Naranja Mandarina, reunir $190 millones líquidos es materialmente imposible.

Aun así, su abogado presentó un recurso extraordinario y solicitó que se habilitara la revisión sin exigir ese depósito, acompañando el pedido con una pericia contable que acreditara la imposibilidad económica.

 

Embargo por $330 millones

Mientras corría el plazo para presentar esa documentación, el Tribunal ordenó una medida cautelar: el embargo de todas las cuentas bancarias de la empresa por $330.455.809. El impacto fue inmediato. “No podés cobrar, no podés pagar a proveedores, empleados ni impuestos. Todos los cheques vuelven, el giro comercial está roto”, describe Cademartori. Con las cuentas bloqueadas, la empresa suspendió la próxima temporada, redujo horas de trabajo y quedó al borde del concurso preventivo.

La paradoja, remarcan sus dueños, es que la firma contaba con la buena voluntad de sus tres empleadas y de más de quince colaboradores indirectos —diseñadores, cortadores y talleres— dispuestos a acompañar el proyecto. Sin embargo, el embargo les impide operar. “Ya no puedo asumir compromisos. Si esto se estira y nos agarra la feria judicial de enero en esta situación, no hay salida”, advierte la empresaria.

Durante el proceso hubo intentos de acuerdo. En diciembre de 2024, la parte demandante propuso un arreglo equivalente a unos 30.000 dólares. La empresa lo rechazó porque, según explican, aceptar implicaba reconocer una relación laboral que siempre negaron. “Hubiera sido admitir algo que no fue. Confiamos en la Justicia y hoy estamos frente a un absurdo”, sostienen.

Además del impacto económico, Cademartori reconoce un fuerte desgaste personal y emocional. Relata que el distribuidor incluso mantenía deudas con la empresa y que la demanda se presentó en un momento de vulnerabilidad personal. Aun así, decidió resistir judicialmente. Hoy, la visibilidad pública del caso es vista como la última carta para que la Suprema Corte bonaerense tome el expediente antes de la feria y revise el criterio aplicado.

 

Un caso de litigiosidad que jaquea a las pymes

El caso de Naranja Mandarina se inscribe en un contexto más amplio de alta litigiosidad laboral. En los últimos años, las demandas —incluidas las vinculadas a riesgos del trabajo— crecieron a contramano de la siniestralidad, lo que distintos informes atribuyen a incentivos del sistema judicial y pericial. La provincia de Buenos Aires concentra cerca del 40% de los litigios del país, por encima de su peso poblacional.

La propia Cademartori compara su situación con la de empresas mucho más grandes. “Si a una firma con 100 empleados un fallo de $200 millones le genera un problema, imaginá lo que significa para mí, que tengo tres. Me deja fuera de juego”, resume.

Mientras el Gobierno nacional prepara un proyecto de reforma laboral para enviar al Congreso, los dueños de Naranja Mandarina consideran que su historia expone con crudeza los riesgos que enfrentan las microempresas cuando un conflicto comercial termina judicializado como laboral y se aplican mecanismos de actualización que multiplican las condenas.

A la espera de una definición de la Suprema Corte provincial, la pyme sigue operando con lo mínimo indispensable y con una incertidumbre que amenaza con ponerle punto final a doce años de trabajo.