La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) prepara una campaña de fiscalización masiva para controlar el cumplimiento de obligaciones formales por parte de contribuyentes. Según trascendió de fuentes oficiales, el organismo planea intensificar los controles y comenzar a aplicar multas millonarias previstas en la Ley de Inocencia Fiscal ante eventuales irregularidades.

La iniciativa apunta principalmente a detectar faltas como no emitir facturas, incumplir con regímenes informativos, no presentar estados contables o no declarar correctamente el domicilio fiscal, obligaciones que alcanzan tanto a empresas como a monotributistas y personas humanas.

¿De cuánto son las multas?

De acuerdo con el esquema vigente, las sanciones pueden alcanzar cifras muy elevadas. Por ejemplo, no declarar correctamente el domicilio fiscal puede derivar en multas de hasta $35 millones para personas físicas y monotributistas. 

En el caso de empresas exportadoras que incumplan con el régimen informativo de precios de transferencia, las sanciones pueden llegar a $67,5 millones, mientras que si se acumulan infracciones o se ignoran requerimientos oficiales, las penalidades podrían escalar hasta $350 millones.

Especialistas tributarios señalan que la reforma implicó un cambio profundo en el sistema sancionatorio. La nueva normativa incrementó en forma drástica los montos previstos en la Ley de Procedimiento Tributario, actualizando multas que durante años habían quedado prácticamente desactualizadas.

Entre los nuevos valores, la falta de presentación de una declaración jurada de una empresa puede generar multas de $440.000 por cada incumplimiento, mientras que no responder en tiempo y forma a un requerimiento del organismo puede implicar sanciones de hasta $2,5 millones.

El objetivo de la medida es reforzar los incentivos para cumplir con las obligaciones fiscales y evitar irregularidades que hasta ahora solían quedar sin sanciones significativas.