La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) exigió formalmente a los presidentes de todos los bloques del Senado la modificación del proyecto de ley de Inocencia Fiscal. El reclamo busca frenar de forma urgente el avance de las multas y embargos que ejecuta ARCA contra las pymes.

La propuesta central de la organización exige anular las penalizaciones económicas durante el "Período de Espera" fijado por el organismo recaudador. El esquema diseñado por los técnicos privados establece un beneficio concreto: si el cotnribuyente regulariza su deuda dentro de los 15 días posteriores al vencimiento de ese plazo, la sanción se reducirá a la mitad. El fiscal solo aplicará el casito total si el incumplimiento persiste tras ese intervalo.

El pliego de condiciones entregado a los legisladores incluye la suspensión temporal de las ejecuciones fiscales y de cualquier medida cautelar judicial que afecte los activos de las pequeñas y medianas empresas.

Para resolver el stock de deuda acumulado, la entidad propuso un plan de facilidades de pago con un tope de 48 cuotas mensuales. El programa prevé perdonar el 50% de los intereses devengados y fija una tasa de financiación equivalente a la mitad de la tasa pasiva del Banco Nación. De aprobarse este texto, el régimen absorberá las obligaciones vencidas al 31 de mayo de 2026, los planes de facilidades vigentes y las moratorias vencidas.

La ofensiva corporativa coincide con una retracción del consumo interno y la discusión técnica de una reforma impositiva promovida por el FMI. El coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo, aseguró: "Confiamos en que el Senado le otorgará a nuestro planteo un tratamiento prioritario". El directivo argumentó que la vulnerabilidad del sector productivo local demanda salvaguardar inmediatas para sostener los puestos de trabajo.