Las intenciones del presidente Javier Milei de implementar una normativa que impida la ampliación de los gastos autorizados en la ley de Presupuesto, similar al shutdown que se aplica en Estados Unidos, no solo chocan con la realidad argentina de las últimas décadas, sino con la ejecución en lo que va de este mismo año, notoriamente superior a todas las de la última década.

La ejecución presupuestaria al primer semestre fue equivalente al 52,3% del Presupuesto aprobado, lo que representa un exceso de 11,9 puntos porcentuales respecto del promedio 2016-2025, y deja un escaso margen para la segunda mitad del año, si se tiene en cuenta que más de la mitad del gasto está sujeto a cláusulas de indexación por la aplicación de la movilidad jubilatoria.

La situación no deja de ser paradójica para un gobierno que hizo del equilibrio fiscal, la reducción del gasto y la lucha contra la inflación tres de sus principales banderas, ya que se trata del primer Presupuesto sancionado por ley en la gestión de Milei, luego de dos prórrogas consecutivas del Presupuesto 2023.

Inflación subestimada

Una de las razones principales del elevado porcentaje de ejecución (el promedio para el primer semestre en la última década fue de 40,4%), fue la subestimación de la inflación con la que se elaboró el proyecto de ley de Presupuesto, con un 10,1% que las proyecciones indican que será triplicado a fines de año.

Con un Presupuesto que destina más del 50% de sus créditos al sistema previsional y en tanto se mantenga en vigencia el ajuste por inflación de jubilaciones, pensiones y asignaciones varias, las posibilidades de llegar al 31 de diciembre sin excederse en los gastos autorizados en la ley son escasas, a no ser que se profundicen las medidas de ajuste en el resto de la Administración Pública Nacional.

Necesidad de un DNU

Esa situación "pone en evidencia que será necesario incrementar el monto total del Presupuesto, ya sea mediante una nueva ley o mediante un DNU", planteó al respecto la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

La opción de una ampliación presupuestaria por ley es extremadamente difícil de llevar a la práctica, precisamente porque se trata de una urgencia para la que no se podrían cumplir con los tiempos del trámite legislativo.

 No obstante, la entidad consideró que la opción del DNU "podría resultar cuestionable desde el punto de vista institucional, ya que la necesidad de ampliar el presupuesto no parece responder a una situación repentina o imprevisible, sino a una insuficiencia de créditos que había sido advertida con anterioridad".

En ese sentido, ASAP ya venía advirtiendo desde febrero la necesidad de incrementar el monto total del presupuesto" en algún momento del año".

Shutdown en EE.UU., prórrogas y DNU en Argentina

"Estamos trabajando en el armado del shutdown del Poder Ejecutivo, de la política. Cuando te agotás el Presupuesto, no se puede gastar más y se apaga el Estado", sostuvo Milei a principios de julio, en medio del análisis de una serie de medidas de orden fiscal y monetario.

El shutdown es una metodología aplicada en Estados Unidos que implica el cierre de gran parte del Estado federal cuando se completa el gasto autorizado en la ley de Presupuesto (se exceptúan servicios esenciales de salud y educación), que suspende su funcionamiento hasta que el Congreso apruebe una nueva ley.

En Argentina, la resolución del problema es diferente, en gran medida por la persistente inflación que a lo largo de varias décadas alteró las previsiones del gasto público.

Al respecto, la ley de Administración Financiera 24.156 permite la ampliación de recursos y gastos por medio de decisiones administrativas y decretos de necesidad y urgencia y, en el caso de no contarse con una ley aprobada, la prórroga por decreto del Poder Ejecutivo de la ley anterior más sus modificaciones.

Las leyes de Presupuesto cuya vigencia fue extendida hasta el año siguiente por decretos del Poder Ejecutivo fueron las de 2010, 2019, 2021 y, en dos ocasiones, 2023.

Pero en todos los años, ya sea con ley de Presupuesto o prorrogado, el cálculo de gastos y recursos fue permanentemente modificado por normas del Poder Ejecutivo, al punto que desde la vigencia de la reforma constitucional de 2024 hubo el equivalente a más de siete presupuestos por DNUs o decisiones administrativas.