Aunque públicamente descarta que exista una crisis, la morosidad de las familias se abrió paso en la agenda del Gobierno. En la última reunión de Gabinete, encabezada por Javier Milei, los ministros analizaron cambios en la forma en que bancos y billeteras virtuales muestran el Costo Financiero Total (CFT), el indicador que revela cuánto deberá pagar realmente una persona por un crédito.

La discusión quedó en un "plano conceptual" y todavía no se traduce en una propuesta concreta. El diagnóstico interno fue que la información suele aparecer de manera poco visible o resulta difícil de interpretar. "Hoy la letra es ilegible", resumieron fuentes oficiales. 

Una obligación que ya existe

El CFT reúne la tasa de interés y todos los cargos asociados al financiamiento, como comisiones, seguros e impuestos. Por eso suele ubicarse muy por encima de la Tasa Nominal Anual (TNA), el porcentaje que las entidades destacan con mayor frecuencia en sus promociones.

La diferencia puede ser considerable. En un préstamo de $100.000 con una TNA del 60%, la tasa mensual equivale al 5%. Si los intereses se capitalizan mes a mes, la Tasa Efectiva Anual (TEA) alcanza el 79,6%. Al sumar el IVA, los seguros y otros gastos, el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) puede resultar mucho mayor.

La obligación de informar esos valores ya figura en la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Tarjetas de Crédito y las normas del Banco Central. La discusión dentro del Ejecutivo, por lo tanto, no apunta a crear un indicador ni a fijar límites para las tasas, sino a conseguir que el costo final se muestre de forma clara y comparable.

El Ministerio de Economía no confirmó ni desmintió que exista una medida en preparación. Cerca del Banco Central señalaron que el organismo analiza de manera permanente alternativas para mejorar la información financiera.

Casi seis millones de personas con atrasos

El debate llegó al Gabinete cuando 5,8 millones de personas registraban deudas con atrasos superiores a los 90 días, sobre un total de 20,9 millones que habían accedido a alguna clase de financiamiento, según datos correspondientes a mayo.

Los indicadores varían de acuerdo con el universo analizado. La mora de las familias se mantuvo en junio en el 12,8%, el mismo nivel de mayo. Los atrasos disminuyeron en las tarjetas de crédito, pero aumentaron en los préstamos personales y prendarios. En el conjunto del financiamiento al sector privado, en cambio, el índice bajó del 7,7% al 7,6%.

Milei se apoyó en esa leve reducción para sostener que no existe una crisis que justifique una intervención estatal directa. El Presidente también anticipó, durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Rosario, que el Gobierno trabaja para ampliar la información disponible y promover una mayor educación financiera.

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor recibió 200 reclamos durante el primer semestre por tasas excesivas, hostigamiento y falta de información relevante. Entre las irregularidades denunciadas aparecieron la omisión del CFT, la presentación confusa de las tasas y la falta de entrega de contratos o documentación.

El rechazo a un rescate estatal

El vocero presidencial, Adrián Ravier, descartó que el Estado destine recursos para asistir de manera generalizada a quienes no pueden pagar sus deudas. "Salvar esta situación desde el Gobierno con dinero de los pagadores de impuestos de alguna manera implicaría tomar recursos de una parte de la población para salvar a los bancos", afirmó.

El oficialismo también rechaza los proyectos opositores que proponen regular las tasas y otorgar facilidades de pago de hasta 36 meses. Milei calificó esas iniciativas como "soluciones paternalistas" y consideró "injusto e inmoral" refinanciar de manera indiscriminada los compromisos impagos.

El Banco Nación puso en marcha líneas destinadas a ordenar y refinanciar deudas. Sin embargo, su alcance todavía resulta limitado frente a la dimensión del problema. Según EcoGo, los bancos refinanciaron los pasivos de unas 360.000 personas, equivalentes al 5,6% del total de morosos.

Aunque las entidades bancarias concentran los montos adeudados más elevados, las mayores tasas de incumplimiento corresponden a fintech, prestamistas rápidos y comercios de electrodomésticos.

Por ahora, la alternativa discutida en el Gabinete no contempla topes para las tasas ni una asistencia estatal a los deudores. El planteo consiste en reforzar una obligación vigente: que bancos y billeteras informen de manera comprensible cuánto cuesta realmente el dinero que prestan.