Las exportaciones mineras argentinas podrían alcanzar los USD 9.000 millones en 2026, impulsadas por la suba internacional del oro y el litio. La estimación, difundida por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), implica un crecimiento cercano al 49% respecto de 2025, cuando el sector cerró con USD 6.056 millones.

El dato posiciona a la minería como uno de los motores de ingreso de divisas en el corto plazo, aunque la propia industria advierte que el desafío no se limita al volumen exportador, sino a su impacto real en la economía local.

Precios altos y producción desigual

El repunte proyectado combina dos dinámicas distintas. Por un lado, el crecimiento sostenido del litio, tanto en producción como en exportaciones: la producción pasó de 35.000 toneladas de carbonato equivalente en 2022 a 116.100 en 2025, un aumento del 241%, con ventas externas que podrían superar los USD 1.400 millones en 2026.

Por otro, la mejora de precios internacionales en oro y plata, que explica gran parte del salto en valor exportado: en el caso del oro, las exportaciones crecieron pese a una caída en el volumen producido, lo que refuerza la dependencia del sector respecto de las cotizaciones globales.

Roberto Cacciola, presidente de la CAEM, señaló que la recuperación en metales preciosos no responde a mayores volúmenes extraídos. "Si los precios regresaran a los niveles de 2022, ninguna mina de oro y plata podría sostener sus operaciones en la Argentina a causa de los altos costos actuales", afirmó.

La advertencia marca un límite estructural: el desempeño reciente depende en gran medida del contexto internacional más que de mejoras productivas.

Peso territorial y dependencia provincial

El impacto de la minería se concentra en un grupo reducido de provincias. Según datos de la cámara, la actividad explica el 93,2% de las exportaciones de Catamarca, el 85,5% de Santa Cruz, el 85,4% de San Juan, el 80,6% de Jujuy y el 44,2% de Salta.

En términos agregados, el sector representa cerca del 20% del volumen económico del agro, lo que dimensiona su escala relativa dentro de la estructura productiva argentina.

RIGI, inversiones y tensión por proveedores

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aparece como la principal herramienta para expandir el sector. Actualmente hay 13 proyectos presentados, con siete ya aprobados. Si avanzan en su totalidad, podrían generar exportaciones adicionales por USD 22.000 millones hacia 2035, principalmente en cobre y litio.

Sin embargo, el esquema abre una discusión sobre el desarrollo local. Bajo las condiciones actuales, hasta el 80% de los bienes y servicios podrían ser importados.

"Eso resultaría contraproducente para el país", advirtió Cacciola. "Tan malo es un compre local indiscriminado como permitir que cualquier insumo pueda ser importado sin discusión. El desarrollo minero debe crear un efecto derrame positivo en Argentina".

El planteo introduce una tensión central: el equilibrio entre atraer inversiones y fortalecer la cadena de proveedores nacionales.

Empleo y estructura productiva

De acuerdo con la cámara empresaria, la minería genera más de 100.000 empleos directos, con una proporción de dos puestos indirectos por cada trabajador formal. El salario promedio supera en 2,5 veces el nivel nacional y la informalidad se ubica en 1,3%.

El entramado productivo incluye unas 800 empresas proveedoras en proyectos en desarrollo y cerca de 550 en operación. La expansión del empleo, sin embargo, depende de la concreción de nuevas inversiones y de la capacidad de formar mano de obra calificada.

Obstáculos estructurales y marco regulatorio

El crecimiento proyectado enfrenta límites en infraestructura, normativa y coordinación política. La Ley de Glaciares continúa judicializada y condiciona el avance de proyectos estratégicos.

Cacciola indicó que entre 100 y 200 áreas del inventario del IANIGLA se encuentran bajo revisión, un factor que podría definir el ritmo de expansión de la actividad.

A la vez, la falta de infraestructura logística aparece como un cuello de botella. El sector plantea la necesidad de corredores hacia el Atlántico y el Pacífico, incluso con salida por puertos chilenos, en una planificación de largo plazo.

Un consenso político con condiciones

El sector identifica un cambio en el escenario político, con mayor alineamiento entre Nación y provincias en favor de la actividad. Gobernadores de distintos espacios respaldan la minería como política productiva, lo que la industria interpreta como una ventaja respecto de etapas anteriores.

Ese consenso, sin embargo, convive con condicionantes regulatorios y judiciales que aún definen el horizonte de inversiones. "Si no logramos consenso, no nos va a ir bien", sostuvo Cacciola.

La proyección exportadora para 2026 se apoya en precios favorables y proyectos en marcha. El salto siguiente depende de decisiones aún abiertas: reglas de juego, infraestructura y el modo en que la expansión se traduzca -o no- en empleo y desarrollo local.