Los gastos del Estado en los subsidios transferidos a sectores económicos y empresas públicas tuvieron en julio la mayor caída interanual del año, con una baja en términos reales del 29,1%, que de todos modos resultó insuficiente para evitar el incremento del 16,9% en el acumulado de los primeros siete meses.

Ese aumento llevó el total de subsidios entre enero y julio a $5.166.288 millones, equivalentes al 82,8% del crédito asignado para todo 2026 en el Presupuesto, lo que deja un escaso margen de maniobra para los últimos cinco meses del año y explica en gran medida la ampliación del gasto autorizada en el DNU 594/2026 de julio.

Uno de los blancos del ajuste

Como la mayor parte del gasto público se encuentra ajustado por la inflación, tal el caso de las jubilaciones y pensiones, la atención del Gobierno del presidente Javier Milei para aplicar los recortes se centra en otras partidas menos inflexibles, a fin de asegurar el superávit fiscal.

Los subsidios fueron uno de los blancos principales en los dos primeros años del gobierno libertario, al punto de aplicárseles un recorte real del 62% en 2024 y 2025, pero esa tendencia se quebró en el año en curso, en particular por el impacto de la suba en los destinados al sector energético.

La suba del petróleo a partir del conflicto bélico en Medio Oriente fue uno de los motivos principales, además de una mayor consumo de energía térmica por el bajo nivel de hidraulicidad en invierno.

Julio, en baja

El mes pasado, el gasto total en subisidos ascendió a $920.356 millones, con una baja nominal interanual del 5,1% y real del 29,1%, según lo informado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

En el detalle por sector, el energético tuvo una caída real del 27,2%, motorizada por el desplome del 92,6% en los destinados a Enarsa, en proceso de privatización por diferentes unidades de negocio.

Esa baja permitió atenuar el problema central, que es el aumento del 37,2% en los subsidios a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), en su mayor parte derivados a las compañías generadoras de electricidad.

En materia de Transporte, el recorte interanual fue del 44,1%, con dos realidades contrapuestas: un incremento del 7,5% en los destinados a los colectivos y un descenso del 84% en los derivados a los ferrocarriles, a pesar de estar vigente la emergencia ferroviaria.

El año, en alza

El acumulado de los primeros siete meses muestra un aumento real del gasto en subsidios del 16,9%, a pesar de que en la elaboración del Presupuesto se previó que el año terminaría con una baja del 9,9%.

El desfase entre lo proyectado y lo efectivamente gastado representa en lo que va del año un monto de aproximadamente $750.000 millones.

Del total de los subsidios del período, Cammesa demandó el 57%, con $2.951.769 millones, que representaron un aumento real del 61,9%

El peso de las transferencias a Cammesa fue determinante, al punto que si se las excluyera de la comparación, el gasto en subsidios habría experimentado una caída del 12,3%.

Hasta el final del año

El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, deslizó en su participación del último encuentro de AmCham que los subsidios energéticos podrían retomar el sendero bajista en los próximos meses, pero el margen que le queda al Gobierno para cumplir con la meta del Presupuesto es difícil de alcanzar.

Para lograrlo, debe pasar de un promedio mensual de gasto de $738.041 millones entre enero y julio a uno de $214.893 millones entre agosto y diciembre.

La contrapartida de ese eventual ajuste sería un aumento en las tarifas de los servicios públicos mayor a los habituales, lo que no solo generaría un creciente descontento en la población sino también una aceleración de la inflación.

Esa posibilidad no es considerada en el Ministerio de Economía, ante la dificultad de una mayor profundización del ajuste, lo que se vio reflejado en la ampliación presupuestaria del DNU de julio y la opción de un nuevo decretazo de acá a fin de año.

Una opción para cuya instrumentación habrá que apurarse, porque será imposible de llevar a cabo con una ley que implementara el shut down en la Argentina.