Sorpresivo: el Gobierno incumplió la meta fiscal de junio pautada con el FMI y necesitará un nuevo waiver. La baja de la recaudación tributaria se combinó con una dificultad para achicar el gasto fiscal y la Secretaría de Hacienda registró un déficit primario de $696.843 M en junio. Ese sorpresivo rojo en las cuentas públicas se explicó por la baja de los ingresos públicos, con el escenario recesivo, la reducción de las retenciones y el pago pospuesto de Ganancias como explicaciones, lo que se combinó con la dificultad oficial para seguir ajustando el gasto. De hecho, los subsidios energéticos fueron otra explicación fundamental, en un contexto en el que el Ministerio de Economía busca moderar el ajuste tarifario para no volver a acelerar la inflación.

La meta fiscal pautada por el FMI para fin de año apunta a un superávit primario de $16,2 billones, pero antes, en julio, el Gobierno se había comprometido frente al Fondo a cumplir con un objetivo de superávit primario de $6,8 billones, lo que quedó trunco: con el traspié de junio, primer déficit de la actual gestión fuera del estacionalmente siempre complicado diciembre, el acumulado del primer semestre cerró en $6,2 billones, lo que implicó el primer incumplimiento en el más importante de los objetivos cuantitativos que sigue el FMI.

La tercera revisión del actual programa de facilidades extendidas con el Fondo está pautada para septiembre. El texto de la segunda revisión detalla que en ese momento se hará la evaluación a partir del desempeño cuantitativo sobre las metas, entre las cuales la fiscal es por lejos la que más de cerca mira el FMI, cuya directora Kristalina Georgieva vendrá de visita al país sobre finales de este mes.

En declaraciones realizadas a fines de mayo, el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que para sostener el equilibrio de las cuentas públicas habrá que "recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil". Y agregó: "Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del PBI. Para dar una idea, es el nivel de gasto que había en los '90 y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años". Entre analistas hay cierto consenso acerca de que, excepto en los subsidios energéticos, queda poco margen social para más ajuste del gasto, ya que se viene dando un fenómeno de perro que se muerde la cola: el ajuste generó una baja de la actividad al nivel urbano, lo que reduce la recaudación, lo que su vez obliga a recortar más gastos, generando más recesión y baja de los ingresos públicos.

Desde LCG señalaron: "El Gobierno se comprometió con el FMI a cerrar una meta de superávit de 1,4% del PBI este año, revisada hacia abajo desde el 2,2% de la meta original. La baja persistente de los ingresos impone un desafío mayor para cumplir con el compromiso en tanto exige un mayor ajuste sobre el gasto. Pero más allá de la voluntad oficial de cumplir con la meta, la magnitud, la composición y la tolerancia social del esfuerzo fiscal necesario para hacerlo podrían significar un costo para el Gobierno".

El economista jefe del Grupo SBS, Juan Manuel Franco, para quien la meta de fin de año se cumplirá, remarcó que eso también dependerá de que repunte la actividad económica: "Que el resultado converja al 1,5pp del PBI del Presupuesto dependerá, en primer lugar, de la respuesta de la actividad en los sectores rezagados al estímulo monetario en curso; luego, de que el sendero de desinflación se consolide, de la capacidad de resistir presiones de gasto en la antesala electoral y del calendario, siempre incierto, de los ingresos extraordinarios".

Y agregó: "Nuestra convicción no se mueve: la disciplina fiscal es el cimiento sobre el que se apoya la estabilidad macroeconómica de mediano plazo, y solo su vigencia sostenida a través de sucesivas administraciones permitirá que la prima de riesgo soberano tenga un piso menor".

En junio, los ingresos del fisco cayeron un 8,5% real interanual y los gastos primarios treparon 3,1% real. Los subsidios económicos incrementaron un 95% real, con los energéticos subiendo un 125,5% real. Los salarios estatales cayeron 9,9% real y las transferencias discrecionales a las provincias se derrumbaron un 56,4% real. La obra pública se desplomó un 28,8% real.