El Gobierno Nacional puso en vigencia la Ley de Góndolas, una iniciativa que pretende igualar condiciones para distintas marcas en la ubicación de productos dentro de los espacios de venta e intentar frenar que las principales compañías tengan mayor competencia y no sean las únicas con productos en los estantes a la hora de comprar.

La propuesta fue aprobada por el Congreso en febrero de este año, previo a la pandemia y luego, el Poder Ejecutivo realizó su promulgación en marzo. Nueve meses después y a fin de un año fuera de lo común, se publica en el Boletín Oficial la reglamentación de la ley y la descripción de qué cambios finales implementará.

El Decreto 991/2020 afirma que la ley “tiene por objeto contribuir a que el precio de los productos alimenticios, bebidas, de higiene y limpieza del hogar sea transparente y competitivo, en beneficio de los consumidores y las consumidoras” y lleva la firma del presidente, Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Producción, Matías Kulfas.

 

Puntos principales de la Ley de Góndolas

 

La ley establece que los productos de una marca no pueden superar un 30% del espacio en los exhibidores, por lo que esas largas filas de paquetes y envases similares ya no serán posibles para los supermercados. También, que debe haber como mínimo cinco marcas distintas y que el 25% deben ser productos de Pymes.

La medida establece que al menos el 5% del espacio tiene que estar dedicado a la economía popular y que los productos más baratos tienen que tener visibilidad en el medio de la góndola cómo también en la primera página en el caso de las ventas que se realizan vía web.

Los clásicos expositores cercanos a las cajas con productos para tentar a los consumidores cómo golosinas y ofertas de bajo valor individual tendrán que tener el 50% de su espacio ocupado con productos de micro y pequeñas empresas nacionales, de cooperativas y de mutuales.

 

Además, se les prohíbe a los supermercados vender o alquilar espacios preferenciales para las marcas con el fin de establecer promociones o prácticas de marketing que pongan a estos productos por encima del resto. Para los proveedores, los cambios también adelantan que los espacios de venta al público deberán contemplar distintos plazos y condiciones de contratación según sean pymes o sectores de la economía popular, y no podrán exigir aportes o adelantos financieros ni imponerles la entrega de mercadería gratuita.