La Casa Rosada está pagando otra vez el costo de tener que dar marcha atrás con una medida de gestión que había defendido durante 48 horas. Las razones que dio el secretario de Energía, Javier Iguacel, y que sostuvo aún en la retirada, están basados en legislación que no tiene en cuenta la brutal devaluación que produjo su propio gobierno. Esta vez, el límite no se lo puso la calle sino sus propios aliados, a partir de una propuesta que promovió el radicalismo y que dio cuenta de que la movida opositora en el Congreso para voltear el pago popular de las compensaciones iba a tener mucho apoyo y cruzar transversalmente a las fuerzas políticas.

Otra vez, el abuso del Excel cegó la mirada general respecto del peligro de seguir cargando el ajuste sobre los bolsillos de una ciudadanía que siente la presión de la pérdida del poder adquisitivo. Los técnicos que dieron vía libre al esquema -ahora descartado- esquivaron el sentido común, una materia que no se estudia en ninguna universidad sino que se construye con gestión política.