Diez meses atrás, una multitud reunida en la Plaza de Mayo repudiaba la decisión de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de incluir entre los beneficiarios del 2x1 a los condenados por delitos de lesa humanidad. El umbral sobre el cual construir la Justicia frente a los años de dictadura resistía la vocación del olvido. La Corte establecía entonces una sintonía con la posición que había planteado el Gobierno de Mauricio Macri. Ayer, cuando otra multitud unía los edificios de la Casa Rosada y el Congreso para reclamar igualdad, ampliación de derechos y pedir políticas contra la violencia machista, los supremos dieron a conocer la marcha atrás final de esa medida. Lo hicieron al declarar “inadmisible” el recurso que presentó un represor para pedir el cómputo doble por los días pasados en prisión sin condena firme. La movilización social de mayo evitó que pasara. Otra marcha, ayer, busca evitar que otras injusticias sigan sucediendo.