Cuando el presidente Alberto Fernández anunció el envío de una nueva Ley de Hidrocarburos abrió la expectativa del sector para recomponer la actividad que había quedado en stand-by desde las PASO, cuando el gobierno de Mauricio Macri congeló el precio de los combustibles. La industria reaccionó primero con un compás de espera, pero avanzado el año, abrió el freezer: los sectores sindicales denuncian que hay cerca de 1.900 casos entre despidos y suspensiones de empleados. En voz baja, las petroleras lo convalidan. La solución que está tratando de acercar el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, tiene varios actores: el Poder Ejecutivo tiene que enviar la ley, y en las empresas sostienen que la base en la que debe apoyarse para avanzar en la conformidad es: precio del petróleo, y descongelamiento de disponibilidad de crudo y de divisas. Mientras el ministro se acalora en Buenos Aires, el texto final espera el regreso del titular de YPF, Guillermo Nielsen, desde el frío de Davos.