En lo que ya se podría denominar como "el gran conflicto del tomate", la Cámara de Industriales de Productos Alimenticios (CIPA) visitará este miércoles a autoridades del Ministerio de Producción para expresar la urgente puesta en marcha de medidas para evitar la desaparición del 35% de los productores del país, concentrados en Mendoza, San Juan y La Rioja.

En diálogo con BAE Negocios, el director ejecutivo de CIPA, Marcelo Ceretti, expresó que el miércoles "por la tarde" tendrán un encuentro en la cartera de Producción, y que, (aunque) "fuimos llamados para debatir una agenda de competitividad, pero vamos a instalar nuestra gravísima situación con las enormes importaciones de tomates desde Italia y también del choclo de Brasil".

Como el sector podría perder al 35% de sus productores de tomate por las importaciones, urgirá al Gobierno para que se fijen valores criterio a los ingresos al país (no existen y puede haber dumping), o sea precios mínimos de referencia; además de la elevación temporaria de los aranceles externos. "La capacidad instalada es del 60 por ciento y las importaciones de tomates enteros perita, en latas iguales o inferiores a los 2,5 kilos, crecieron cincuenta veces desde el 2015 y se cuadruplicó entre 2016 y 2017".

La Dirección General de Aduanas prometió el año pasado establecer los valores criterio en dólares. "Se nos había informado que se fijaría en FOB u$s0,78 el kilogramo", afirmó Ceretti. En tanto, la Asociación Tomate 2000 propuso "mejorar los niveles de reintegros en estos productos para mejorar los incentivos a la exportación".

Asimismo, la entidad reclama al ministro Cabrera, que facilite la opción de financiamiento accesible para que los productores mejoren la eficiencia en sus procesos.

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