La estrategia del Gobierno de ponerle un paraguas hasta diciembre a los aumentos de servicios públicos para licuar el impacto electoral comenzó a chocar con los datos concretos que comparan la situación de los últimos años. Un estudio realizado por la consultora Econométrica, que dirige Mario Brodersohn, señala que se destina un 4,5% mensual de un salario promedio sólo a pagar los servicios de electricidad y gas. El porcentaje viene subiendo en forma exponencial desde 2015 cuando era de 0,6% y equipara los niveles que se registraron en 2001. En el estudio se advierte además que “con los niveles alcanzados de incidencia en el salario será difícil continuar con una política sostenida de aumentos tarifarios por arriba de la inflación, por lo que se debería concentrar el esfuerzo en intensificar la reducción del costo de abastecimiento de gas y energía eléctrica mediante mecanismos de mercados competitivos”.

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